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Estado rendido, gobierno fallido, sociedad... PDF Imprimir E-mail
Carlos Rojas   
Lunes, 19 de Diciembre de 2011 20:12

columnaCarlosRojas

El Estado, desde sus orígenes, tiene la función primordial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.   En el caso de México, además, asumió la responsabilidad de reducir la desigualdad entre las personas y regiones, proporcionar servicios sociales, construir infraestructura y distribuir equitativamente la riqueza. Así, tuvo un papel destacado en el proceso para impulsar la democracia como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento del pueblo. Por ello en nuestro país se impone la necesidad de contar con un Estado fuerte, actuante,  capaz de resolver las contradicciones naturales entre los factores de la producción, y entre grupos sociales y personas.


México, desde hace algunos años, está en riesgo. El Estado mexicano está debilitado en sus tareas primordiales y desde sus propias instituciones. La presidencia de la República pasó de ser un órgano de gobierno omnipresente y todopoderoso, incluso con signos de autoritarismo en diversas épocas, a ser una instancia sin respeto social, burocrática, sin capacidad de interlocución con los otros poderes y con las organizaciones sociales, dañando gravemente el prestigio y la imagen de México en el exterior. La institución presidencial, sitio privilegiado para resolver, atender y tomar decisiones a favor del país y de los mexicanos, se ha convertido en una instancia partidista y sin visión, más concentrada en la confrontación que en la solución de los problemas del país.    


En el Congreso las cosas no funcionan mejor. Cada día se vuelve más difícil tomar decisiones para crear condiciones de gobernabilidad y certidumbre a causa de divisiones internas, egoísmos y ambiciones políticas, y a una excesiva partidización. Asimismo, instituciones que en su momento resultaron ejemplares y de gran utilidad para el país, orgullosas de su autonomía y que contaban con la confianza de los ciudadanos, como el IFE, hoy carecen de prestigio y credibilidad.


El Poder Judicial se ha transformado: se crearon nuevas formas de impartir justicia para eliminar rezagos históricos y garantizar la constitucionalidad de las leyes, pero problemas de corrupción y  excesos parecen ser un mal crónico e incurable. El desprestigio y la desconfianza prevalecen en esas instituciones. Ese es el México que estamos viviendo.


Nos enfrentamos a una circunstancia complicada y de alto riesgo. Tenemos una economía prácticamente paralizada. Si bien pareciera que se han superado las crisis económicas recurrentes que en los años 80 sacudieron a muchas naciones,  estamos atrapados en un crecimiento económico mediocre con una tasa anual promedio por debajo del 2 por ciento durante más de una década que nos coloca en el vergonzoso penúltimo lugar de América Latina, sólo superados por Haití.


La desigualdad social, económica y política se ha acentuado. La movilidad en estos ámbitos, que constituyó el ejemplo latinoamericano a seguir durante décadas se diluyó, y la gente ha ido perdiendo la posibilidad de mejorar. La clase política, lo mismo que la vida interna de los partidos y de muchas organizaciones, se ha anquilosado, impidiendo su renovación. Prevalecen en el Congreso y entre los partidos alianzas contradictorias que ensombrecen la vida pública.


El Estado, el gobierno y las instituciones políticas perdieron el rumbo requerido para cumplir los objetivos de nuestro proyecto nacional de desarrollo, contenido en la Constitución General de la República. La imposición de dogmas económicos provenientes del Consenso de Washington, provocó que el Estado abandonara gran parte de sus obligaciones. Con el pretexto de redimensionarlo, adelgazando estructuras que habían crecido de manera exagerada, se han seguido a pies juntillas los mandatos de organismos internacionales que tienen como objetivo reconstruir el liberalismo económico de finales del Siglo XIX.


El costo social y político que hemos pagado es demasiado alto. Se crean empleos muy por debajo del número que se requiere y la gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo son mal remunerados. El poder adquisitivo de los salarios ha disminuido  70 por ciento, en los últimos treinta años.


Millones de jóvenes no encuentran un espacio en las escuelas y mucho menos un empleo. Otros abandonan el campo y emigran hacia las ciudades y al extranjero en busca de oportunidades de vida. La riqueza se concentra crecientemente en unos cuantos, mientras que la mayoría de la población, más de cincuenta millones de personas, apenas tiene un ingreso para sobrevivir, sin ninguna esperanza. Como lo reporta la CEPAL, en 2010 sólo en México y Honduras creció la pobreza y la indigencia en América Latina. En la última década el PIB per cápita avanzo a menos del 1 por ciento anual y con ello ocupamos el lugar 140 del mundo. Esa es la sociedad que dejó la aplicación de los preceptos neoliberales.


Ante esa dramática situación económica y social que padece la mayoría de la población, el Estado no tiene capacidad de respuesta. Peor aún, en los últimos quince años, la política social se concentró en transferir algunos recursos fiscales a la gente con mayores necesidades, con programas asistencialistas, ineficaces y clientelares, privilegiando el individualismo. El tejido social fue destruido deliberadamente por la ignorancia de quienes desde las altas esferas del gobierno temen a la organización y participación social ya que la conciben como un obstáculo para imponer sus dogmas teóricos e ideológicos.


La educación se encuentra en caída libre. México ocupa  el penúltimo lugar de los países de la OCDE en calidad educativa. La brecha tecnológica y de acceso a una sociedad del conocimiento entre nuestros socios comerciales y los mexicanos cada día es más grande. El acceso a la salud sigue siendo una gran aspiración de la sociedad. La infraestructura médica aun con nuevas instalaciones se encuentra abandonada, el personal médico es insuficiente y las carencias  del sector son cotidianas.


A los viejos problemas se han sumado otros, a los que se pretende hacer frente con los mismos instrumentos que han probado su ineficacia y que con frecuencia resultan en su agravamiento; se carece de imaginación y talento y, por supuesto, se desprecia la voz y el dialogo sincero con la población. Incluso aquellos que se atreven a acudir a tribunales en ejercicio de sus derechos se les amenaza con perseguirlos desde lo más alto del poder político. Mientras tanto, el Estado ha puesto en práctica una estrategia de seguridad pública, cuyo principal logro es haber llevado a la muerte a decenas de miles de mexicanos, principalmente jóvenes, como única opción para combatir a la delincuencia organizada.


Si acaso, las tesis neoliberales sólo han sido útiles para mantener, aparentemente bien, los indicadores macroeconómicos –obsesión de algunos fundamentalistas de la economía- como son bajas tasas de inflación, supuesta estabilidad monetaria, que por cierto, en el caso del peso, se ha devaluado en una década en más del cien por ciento y control de las finanzas públicas con déficit cercanos al cero. Sin embargo, todo esto no se ha traducido en mejor calidad de vida de los mexicanos.


Es evidente que el Estado se ha debilitado y no es capaz de cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, a causa de una tecnocracia insensible y desentendida que se enquistó en los puestos clave para la toma de decisiones.


Como parte del plan tecnocrático, durante años se ha insistido, con todo tipo de argucias, en el desmantelamiento del Estado. Si bien hay que reconocer que se cometieron excesos inadmisibles, como el hecho de que el Estado fuera propietario de todo tipo de negocios, incluso de restaurantes o de hoteles, se exacerbó la desincorporación de empresas públicas. Una y otra vez se nos ha engañado  con las privatizaciones, bajo el argumento de que es indispensable que cada instancia se concentre en su ámbito natural de acción.


Así, al tiempo de que el gobierno tomó la decisión de separarse de actividades que no consideraba estratégicas también abandonó responsabilidades con los trabajadores, los campesinos y los grupos populares. Por ejemplo, México ha dejado de ser un importante productor agropecuario. El sector, por muchos años motor de la economía y sostén de la industrialización, ha sido abandonado. Hoy, nuestro país, es el principal comprador de alimentos de América Latina, en especial granos básicos. Estamos ante una inminente crisis alimentaria nacional. Las importaciones alcanzan, según la FAO, casi el 40 por ciento de la región. Tan sólo de 2010 a 2011 la producción se desplomó casi 9 por ciento, sólo nos superó Sudáfrica y Etiopía en el mundo.


A pesar de los importantísimos recursos derivados del precio internacional del petróleo que llegaron al país, el gobierno multiplicó, según el Banco de México, por 4.5 veces el endeudamiento interno. El gasto federal pasó, en los últimos diez años, de 1.1 a 3.7 billones de pesos, sin que tal incremento haya servido para construir la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, ya que buena parte de esos recursos sirvieron para aumentar la burocracia que absorbe la tercera parte del presupuesto nacional.


En los últimos años, aunque no ha sido privativo de los gobiernos de la alternancia, se ha optado por continuar con las privatizaciones. Es verdad que no se ha propuesto vender PEMEX o CFE como se hizo con los ferrocarriles, la telefonía o la entrega de la banca nacional al capital extranjero que usa el ahorro nacional en su beneficio, dejando sin financiamiento a nuestra economía.


No ha habido casualidad o falta de interés en privatizar las empresas del sector energético. El gobierno las necesita para financiar el gasto público ante la ausencia de la reforma fiscal y por la vía del aumento de precios de sus bienes. Ahora trata de privatizar las actividades más lucrativas de esas empresas. Al impedimento constitucional de vender o desaparecer esos organismos públicos se le ha dado la vuelta con la contratación, sin medida, de servicios de terceros, prestados por particulares.


En el caso de PEMEX, la Administración Federal intentó en el 2008 llevar a cabo una reforma que pretendía la extinción de esa empresa que durante más de siete décadas fue orgullo de los mexicanos. Lo cierto es que Petróleos Mexicanos enfrenta hoy una situación financiera grave, de quiebra técnica por las altas tasas de pago de derechos que le impone el gobierno federal.


En consecuencia sería ingenuo suponer que alguien quisiera comprar una empresa sometida a un régimen fiscal de esa naturaleza, con tecnologías anticuadas, y que ha perdido lo más importante que puede tener una industria como son  sus técnicos, obreros y administradores. De lo que se trata en realidad es de privatizar algunas de las actividades –las más rentables- de la industria petrolera porque ese es un buen negocio, por ejemplo la extracción, que a los precios actuales del crudo permite obtener ganancias por encima del mil por ciento.


En el caso de la electricidad las cosas no van mejor. La Comisión Federal de Electricidad atraviesa por graves problemas. En la última década se invirtieron grandes cantidades de recursos, por encima de los necesarios, bajo el supuesto de que la economía crecería a un ritmo del 7 por ciento anual. Hoy el sector eléctrico tiene una capacidad instalada no aprovechada equivalente al 45 por ciento del total.


Esa decisión equivocada, junto al incremento de la participación de los productores independientes que hoy generan alrededor de 40 por ciento de la energía eléctrica del país y a los cuales CFE debe comprar su producción, ha propiciado altas tarifas para el consumo en los hogares y  el sector privado. Ello se traduce en la pérdida de competitividad de la economía en su conjunto. Quienes pagan las consecuencias del entreguismo del gobierno y los errores de esas decisiones, son todos los usuarios del servicio eléctrico.


El sistema de pensiones que cambió también en aras de la modernidad está colapsado. Según cálculos del propio IMSS, en los próximos tres años, la reserva acumulada para el pago de pensiones y jubilaciones se habrá agotado. 13 millones de personas que trabajan en la informalidad no tendrán derecho a una jubilación y los empleados que logren ahorrar sólo podrán obtener una tercera parte de su  ingreso al momento de retirarse. Es decir, la generación actual de trabajadores está condenada a una vida de privaciones y muchos de ellos  a la indigencia. Ante esta situación el gobierno es omiso y ha preferido ignorar el problema.


Además, el gobierno insiste en debilitar todavía más al Estado. Las asociaciones público-privadas son ejemplo de tal política. Con el pretexto de que por esa vía crecerá la economía y se ampliará la infraestructura, dichas asociaciones representan prácticamente la rendición final del Estado mexicano. Se trata de una segunda generación de privatizaciones, pero en un esquema más perjudicial e incomprensible. De lo que se trata es que el sector privado se haga cargo indiscriminadamente de todo, de la educación, la salud, seguridad social, vivienda, carreteras, puertos, aeropuertos y hasta de la seguridad pública, mediante la constitución de asociaciones, entregadas a modo, hasta por cuarenta años con posibilidad de renovación.


Es una política pública absurda en la que el gobierno asume todos los riesgos de la inversión con recursos públicos para beneficiar a algunas empresas. Dicha asociación parte de un supuesto erróneo, pues la lógica del sector público y del privado es antagónica. El sector privado tiene el derecho legítimo de buscar obtener ganancias por sus inversiones; es decir responde a intereses particulares, mientras que el sector público debe invertir y operar bajo el principio del interés general.


La debilidad del Estado y los múltiples retos que enfrenta una sociedad compleja, diversa y desigual como la mexicana exige nuevas respuestas. La solución no está en más de lo mismo, que resultará en lo  peor, en una política económica mediocre y empobrecedora; en una política social que ni siquiera alcanzará a compensar los desequilibrios que genera el neoliberalismo, y en una democracia electoral, cada día más cuestionada, cuyos conflictos crecen para resolverse por la vía judicial.


Las respuestas y las soluciones deben estar en el ámbito del Estado, del gobierno y de la sociedad, y requieren no sólo creatividad sino, sobre todo, compromiso. Soluciones seguramente hay muchas, aquí apuntamos sólo algunas que podrían contribuir a mejorar la situación, partiendo de la base de que se requiere un Estado fuerte, sólido, capaz de resolver los problemas que nos aquejan prácticamente en todos los ámbitos del desarrollo nacional. 


Es indispensable jerarquizar los problemas, dado que pretender resolverlos al mismo tiempo  llevaría a que nada se resuelva. Por eso, hay que poner el énfasis en los asuntos que más interesan a los mexicanos, y estos no son precisamente los de índole política.


Es urgente implantar una nueva política de fomento industrial. Ya es hora de desterrar la desatinada máxima de los tecnócratas de que la mejor política industrial es la que no existe. Lo que se necesita es construir cadenas productivas acorde con los tiempos. Que las grandes empresas asuman la importancia de colaborar en la creación de una auténtica proveeduría nacional, basada en las pequeñas y medianas empresas, a las que les transfiera tecnología, asesoría técnica y cuenten con apoyos fiscales. Habrá que rescatar, reconstruir o rediseñar la banca de desarrollo para que se convierta verdaderamente en instrumento que favorezca el empleo.


La transición energética y el desarrollo de energías alternativas ofrecen a México grandes posibilidades. No podemos ni debemos ir a la zaga, se requiere revitalizar instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, o el de Investigaciones Eléctricas, y fortalecer las áreas de investigación científica y tecnológica de las universidades públicas para avanzar. Es hora de apostar por nosotros.


El sector agropecuario debe ser reorientado para satisfacer el abasto del consumo de los mexicanos. Antes que seguir apostando a un voraz mercado externo de alimentos,  se requiere atender los problemas y las oportunidades en la producción de granos básicos. En este sentido, hay que recuperar nuestras instituciones de fomento económico y repensar los programas de apoyo a los campesinos, quienes no reclaman dádivas sino respaldos institucionales solidarios, sin que ello signifique caer nuevamente en los vicios que dañaron a las instituciones públicas del sector.


Hay que decirle sí a la reforma fiscal integral y federalista, eliminando privilegios, exenciones y créditos fiscales abusivos. La fórmula no es recurrir al expediente fácil de imponer gravámenes a alimentos y medicinas, para que el costo de la ineficiencia del Estado se traslade a los que menos tienen. Se trata de recaudar más, pero también de generar empleos productivos que nos permitan entrar a un círculo virtuoso para que los mexicanos puedan vivir con la dignidad que merecen.


La disminución de la desigualdad solo es posible si se comienza por atender lo cotidiano. Las personas con mayores carencias no pueden esperar a que las próximas generaciones sean capaces de cambiar su situación. Los niños y jóvenes necesitan una respuesta inmediata. Sólo es posible mejorar la calidad en la salud y la educación, entre otros aspectos, construyendo  pactos y acuerdos con los médicos y maestros que deben ser escuchados y tomados en cuenta. Son ellos quienes conocen mejor los problemas de sus sectores y quieren y pueden participar en su solución. Los servidores públicos de nuestro país son casi todos personas comprometidas y con voluntad para contribuir al  desarrollo de México. Las respuestas tendrán que construirse paso a paso y desde abajo. Son insuficientes e inoperantes los acuerdos cupulares y poco ayudan quienes los suscriben.


Es impostergable que la construcción de acuerdos se inicie en los ámbitos locales. La imposición de políticas y programas desde el centro ya no puede seguir siendo la forma de operar del gobierno federal. Los gobiernos de las entidades y de los municipios tienen capacidad para enfrentar sus retos. Como nunca tienen más recursos, quizá aun insuficientes, pero pueden y deben colaborar en encontrar respuestas comunes si comparten el propósito de impulsar  un desarrollo regional y microregional más equilibrado y justo. Se debe actuar con verdadera solidaridad, privilegiando la participación social y con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y las comunidades para avanzar. Todos deben de rendir cuentas públicas de sus actos y compromisos. La transparencia es obligada.


Es momento de pasar de políticas públicas coyunturales a políticas de Estado de fondo. Se requieren reformas que fortalezcan al sector público, que faciliten la colaboración entre poderes y órdenes de gobierno, pero más aún que promuevan la participación activa de toda la sociedad.


No se trata de inventar un nuevo modo de producción, porque ese cambio de paradigma sólo existe en la academia. Lo que se requiere es utilizar los instrumentos económicos para favorecer el crecimiento, apostar más al mercado interno que a la dependencia de lo que ocurra en el exterior. El mercado, por si mismo, tampoco es la solución a nuestros problemas. Está probado que su vocación no es la justicia social, sino que por el contrario, profundiza y ensancha las diferencias. Por ello es necesaria la actuación firme del Estado.


México requiere transformarse, pero no sólo para que sus instituciones políticas funcionen correctamente. Se necesitan cambios profundos en la economía para volver a tener motores que la hagan crecer con una visión de futuro. Es posible hacerlo, en el país existe talento, capacidad para innovar, deseos de invertir, pero se requiere un Estado que se acompañe de la sociedad, que se acerque a ella. Es indispensable construir una democracia auténticamente participativa y distributiva, más allá de los formulismos plebiscitarios simplistas, para que se pueda volver a poner en marcha la iniciativa de los mexicanos.

Última actualización el Martes, 20 de Diciembre de 2011 00:43
 

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