SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 
HOY NO CIRCULA
columnaAngelesMendoza
 
La violencia política de género entre otras características se refleja al postular a las candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a renunciar a la postulación, negarles recursos para sus campañas, ocultarles información, descalificar sus propuestas, o agredirlas de forma verbal con comentarios sexistas y discriminatorios, hasta acoso, ataques a su reputación, entre otros. 
 
Según ONU-Mujeres puede explicar el estancamiento de la participación política femenina en espacios de toma de decisión, considerando que; “la violencia contra las mujeres en el ámbito político es la punta del iceberg de la discriminación y desigualdad que todavía sufren las mujeres que se atreven a disputar el poder político a los hombres, pero también con la ruptura de prohibiciones de los usos y costumbres indígenas”, señala el organismo de Naciones Unidas.
 
Es relevante el conocimiento de las leyes en materia electoral para poder defender los derechos de la participación de las mujeres en la política. 
 
En el marco de la reciente reforma político-electoral, México se suma a un total de seis países en América Latina que han adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular. Si bien cada país prevé distintos criterios según el tipo de norma adoptado, ámbito y cargos de aplicación nacional  y existencia o no de sanciones por incumplimiento, constituye un hecho histórico digno de reconocimiento en el avance de los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
 
De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las reglas para regular el principio de paridad en candidaturas quedaron de la siguiente forma: 
 
El derecho a votar en las elecciones constituye un derecho de hombres y mujeres, así como una obligación para los partidos de garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad para tener acceso a cargos de elección popular. 
 
 En suplencias, el tipo de candidaturas, se basa en la  aplicación del principio de paridad para candidaturas a cargos de elección popular, obligación aplicable a los partidos, coaliciones y candidaturas independientes, las formulas de integración a las candidaturas, deberán ser con personas del mismo género. 
 
En Alternancia de género, la lista de de candidaturas de representación proporcional, además de la suplencia del mismo género, se debe integrar de forma alternada, hasta agotar cada lista, como garantía al principio de paridad. 
 
 Se debe garantizar la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad.
 
 Otorgar financiamiento para la capacitación de mujeres, aplicando el incremento del 2 al 3% del financiamiento ordinario del partido, destinado para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
Hasta aquí se puede afirmar que la Leyes aprobadas prevén un conjunto de criterios y reglas para garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en candidaturas a cargos internos del partido como de elección popular. Sin embargo, y contra todo pronóstico, se aprecian también omisiones importantes como las siguientes:
 
Si se parte de la premisa según la cual, el paso de aspirante a candidata es el que presenta la disminución más dramática en el número de mujeres con posibilidades de continuar en una contienda electoral, la omisión de reglas claras puede presentar algunos reveses de naturaleza jurídica. 
 
La evidencia en el ámbito nacional parece comprobar que mientras más abierto y democrático es el método de selección, no solo es más costoso, sino que termina perjudicando más a las mujeres. En concordancia con lo anterior, si la elección de candidaturas recae en la voluntad discrecional de un grupo de personas el costo del proceso será menor, y en este supuesto representa un mecanismo más efectivo para garantizar paridad entre mujeres y hombres, particularmente si se trata de un sistema mixto de representación proporcional con listas cerradas y no abiertas.
 
Será entonces un mecanismo ‘menos democrático’, siempre y cuando se reconozca que el principio de igualdad y no discriminación es un mandato constitucional que no admite pacto en contrario. La norma debe ser interpretada favoreciendo en todo tiempo a las personas otorgando la protección más amplia, cumpliendo con la obligación que tiene el Estado y sus instituciones políticas de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos conforme los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contenidos en la Carta Magna.
 
 
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