La Auditoria Superior de la Federación es una institución de relevancia constitucional y que fue creada para fiscalizar el uso de los recursos públicos; sin embargo, el reciente informe de la cuenta pública 2019, sobre el primer año de gobierno de la 4T terminó en entredicho.

El auditor cuestionó y terminó cuestionado. El informe concluía que, en la aplicación de los recursos del NAIM y su cancelación, tenía un sobrecosto y que valdría millones de pesos a los mexicanos, el empecinamiento de mandar al diablo su construcción.  Un informe de gran calado que debe ser sometido a los más estrictos controles de rigor metodológico de las técnicas contables, financieras y jurídicas, se fue al cesto de la basura.

Ahora cualquier señalamiento de corrupción, sobrecosto, o desvío de recursos que haga esta institución sobre algún sujeto fiscalizado perderá credibilidad. La desconfianza sobre la ASF, se generó por un error de metodología a decir de su titular en el informe dado a conocer. 

En fin, el investigador terminó investigado, y en esta semana que inicia lo sentarán en el banquillo de los acusados en la Cámara de Diputados y ahí se definirá su futuro.  El sobrecosto de cancelación del NAIM, pasó de ser una bomba critica a la 4T y que serviría de discurso a la oposición en esta época electoral, a convertirse en un gran aliciente para alimentar el discurso presidencial sobre la credibilidad de las instituciones autónomas que se encargan de vigilar la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización etc., vamos de todas aquellas que sirve de contrapeso al poder público.

Lo que veremos ahora es una embestida en contra de la autonomía constitucional de organismos como el INAI, INE, IFETEL, COFETEL, INEGI etc., y la arenga de que son una carga económica al país, cuya función no sirve de nada y que lo mejor es cooptarlas en el poder gubernamental. Como se ha pretendido con el INAI para que la Secretaria de la Función Pública se haga cargo de esta atribución. 

Hay muchas voces que demandan que la pifia cometida por la ASF, se amortice con la dimisión de su titular David Colmenares. Si en verdad fue un error de metodología o una acción premeditada, el resultado es el mismo, enlodaron la confianza y credibilidad de esta institución, y mientras dure la gestión de Colmenares como fiscalizador, todos querrán fiscalizarlo por cualquier pifia mínima que cometa en el uso de sus facultades constitucionales y legales. La dimisión es un acto de conciencia y corresponde a él hacer lo que considere más prudente en estos momentos críticos en las que ha sumergido a la fiscalización en México.

Quienes hemos estado en este tipo de órganos que se encargan de señalar acciones u omisiones de los servidores públicos, sabemos que cualquier informe que se haga debe pasar un tamiz de veracidad de datos. Ya que está de por medio el trabajo y legitimidad de una institución.   

La incomodidad que se crea desde estos órganos hacia el poder en turno, parece no gustarle a ya saben quién. Las batallas mediáticas contra el INE o el INAI, son una constante. La regresión al pasado, con políticas arcaicas, fundamentadas en un modelo de austeridad que ha servido para ir desmantelando los organismos como sucedió con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que se encargaba de medir la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y que fue suprimida durante este sexenio. 

Si bien, el servicio público debe ser un espacio regido por la austeridad y evitar el dispendio del dinero público, esto no debe ser óbice para acabar con el modelo de pesos y contrapesos que debe existir en toda democracia constitucional. Al final quienes pierden somos todos.