Constitucionalidad y feminismo
Un titular de la toga y el birrete alcanza un salario mensual de 204 mil 683 pesos en promedio, de acuerdo al portal de transparencia de la SCJN. Este salario que percibe cada uno de las once ministras y ministros que conforman el Pleno del máximo Tribunal en nuestro país, así como los salarios y prestaciones onerosas que reciben los servidores públicos que imparten justicia en el Poder Judicial de la Federación, desde la perspectiva del derecho constitucional, se justifica a fin de salvaguardar la independencia judicial.
Pese que, en su momento, fueron criticados por considerar que son la “burbuja dorada” en el servicio público por los altos salarios y prestaciones que tienen. Aún y cuando el artículo 127 de la CPEUM, establece que ningún servidor público puede tener una remuneración mayor a la del Presidente de la República, con todo y esta restricción constitucional, así como la ley secundaria para regular esta circunstancia fueron pasadas por el arco del triunfo. Y claro, pues se trata de derechos adquiridos que una ley posterior no puede derogar, y esto desde la perspectiva de los derechos humanos se justifica. Hasta ahí todo bien.
Lo que no se justifica, que si con todo y estos salarios que en realidad son una ofensa para millones de familias que viven con salarios de famélicos, en la semana que concluyó decidieron por mayoría de votos que la impartición de justicia pueda ser sometida a una consulta popular. Así, de tajo. Modificaron la pregunta original y como es su costumbre con un lenguaje rimbombante justificaron este bodrio constitucional.
Me preguntaban que, si estoy de acuerdo en someter a juicio a los expresidentes, claro que sí. Todo servidor público del nivel que sea por mandato constitucional está sometido al imperio de la ley. Y si comete un acto delictivo en la función pública, debe ser investigado y sancionado por las reglas que impone el proceso penal. Para ello, toda investigación se inicia con la presentación de la denuncia penal acompañado de las pruebas correspondientes, ante el Ministerio Público.
No se vale jugar con la nobleza del pueblo, que el día de la consulta va ir a la urna y estar por la afirmativa. Ya veo a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, rodeados de un despacho jurídico con los mejores constitucionalistas y penalistas; así como expertos en derechos humanos, que saben que tienen todas las herramientas legales para dar la vuelta a una investigación que proviene de esta figura, probablemente la SCJN nos los va a amparar. Pero, ahora sabemos que estos temas de litigio estratégico terminan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ahí le pueden enmendar la plana a la Corte.
Ojalá y no. Imagínese ¿cuánto dinero se va derrochar por esta consulta? La frustración una vez más del pueblo puede ser dolorosa. Si hay elementos para enjuiciarlos, que lo hagan y punto, ahí estoy de acuerdo y nos ahorramos una lana, además frenamos la polarización que está viviendo este país. “Considero yo”, pero, también se nos puede ocurrir, someter a consulta que los impartidores de justicia de la Federación se bajen su salario y cumplan con un mandato constitucional y lo que dice la ley secundaria. ¿Por qué no, si hay todos los elementos constitucionales y legales para hacerlo?
Por otro lado, el 28 de septiembre se conmemora el “Día por un Aborto Legal y Seguro”, es una lucha de colectivos feministas que buscan hacer realidad los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres, ya que cada año mueren en el mundo alrededor de 47 mil mujeres por practicarse esta medida de manera insegura; en tanto, a diario se practican en la clandestinidad cerca de 55 mil abortos, de los cuales la gran mayoría son estigmatizadas o criminalizadas por varios grupos fundamentalistas que consideran tienen la razón en este tema.
En tanto, el Grupo Observatorio Ciudadano estima que cada año en México, cerca de 750 mil a un millón de mujeres recurren a esta vía, donde exponen su vida por las condiciones insalubres con la que se lo practican. Incluso es la cuarta causa de muertes de mujeres en México. Pero la despenalización del aborto en México, es un tema que polariza. Y sólo dos entidades tienen la libertad reconocida legalmente, Ciudad de México y Oaxaca. Hasta las doce semanas de gestación sin importar la causal que sea. Yo soy de la opinión, de que cada uno tiene derecho a decidir sobre sobre su propio cuerpo lo que quiera, los demás debemos respetar y fomentar la tolerancia.
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