Estimados lectores, la pandemia originada por Covid 19, ha paralizado todas las actividades económicas formales e informales. Dedicaré estas líneas a hablar del sector de la impartición de justicia, donde los estragos de Covid ya lo resienten los operadores jurídicos particulares, -es decir, la comunidad de litigantes-. Pero, igual los justiciables ven como sus asuntos han quedado paralizados sin poder hacer nada.

Plazos, términos, sentencias, laudos, embargos, títulos de crédito etc., se encuentran suspendidos en detrimento de dichos justiciables, pero también de los litigantes, que advierten como poco a poco sus recursos económicos escasean y, no se ve la luz al final del túnel. Ni que la pandemia se dome.

Si bien, la procuración e impartición de justicia que tiene que ver con el sistema penal, fue considerada como una actividad esencial por la autoridad sanitaria del estado mexicano, los demás rubros quedaron en el desamparo; salvo algunas cuestiones familiares que los poderes judiciales consideraron vía acuerdos atender como asuntos urgentes.

En las redes sociales, se puede observar como los litigantes de todo el país constantemente están pidiendo información de cuando reabrirán los juzgados o en su caso, las juntas de conciliación y arbitraje. Lo único que obtienen como respuesta son los acuerdos que van ampliando la suspensión por parte de las autoridades. Los emojis de desconcierto, tristeza, enojo y frustración inundan estos espacios digitales.

En algunas entidades han realizado aperturas paulatinas en estos últimos días. Pero lo más lamentable, que pese a ser considerada una actividad esencial la función legislativa federal y local, los congresistas no han hecho nada por remediar esta situación. Es decir, para proponer las reformas necesarias al marco jurídico constitucional y legal, que permitan efectuar la justicia virtual con todos y cada uno de los requisitos, principios y condiciones para implementarse en el sistema jurídico mexicano. Hasta ahora sólo hay pinceladas en algunos rubros que dan más lugar a la interpretación y contradicción que a la certeza y a la seguridad jurídica que debe prevalecer en un proceso jurisdiccional.

El confinamiento y la sana distancia implementada como medida para contrarrestar los efectos de Covid, han hecho que todos acudamos a las redes sociales como un mecanismo para estar intercomunicados, las plataformas virtuales inundan el ciberespacio con cursos, talleres, charlas y eventos académicos de todo tipo.

Sin embargo, los abogados hemos acudido a ella para la capacitación y ver una ventana más de oportunidad.  Es momento de que la justicia virtual sea una realidad en todas las materias. Hay casos de éxito que pueden servir de aliciente. Durante esta emergencia, el Estado de Coahuila, ha marcado la pauta al emitir tres sentencias condenatorias desahogadas virtualmente, por violencia familiar, feminicidio y secuestro; teniendo como fundamento legal lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales que ya prevé el uso de las tecnologías de la información.

En tanto, el Poder Judicial del Estado de México, ha implementado el divorcio en línea cuando haya voluntad de las partes, el trámite es rápido, sencillo y seguro. Se realiza totalmente en línea y en menos de seis días están disolviendo el vínculo matrimonial. El primer trámite de esta naturaleza se dio apenas el pasado mes de mayo y en cinco días las partes habían logrado su sentencia de manera virtual.

En otras latitudes, un Tribunal argentino, dictó sentencia perpetua por el delito de feminicidio a un hombre de 42 años de edad. La justicia se impartió por video conferencia a través del canal de YouTube. En tanto, la Corte Suprema de Singapur, dio vista a un hombre de Malasia que había sido condenado a la pena muerte por tráfico de drogas, el juicio se desarrolló a través de la plataforma Zoom; organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional condenaron la pena impuesta, más no el procedimiento virtual.

Qué esperan los demás tribunales y los poderes legislativos para implementar estos mecanismos de innovación tecnológica en la impartición de justicia. Si bien, el Poder Judicial de la Federación y los de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, permiten juicios en línea, las demás entidades federativas no han hecho nada o, en su caso, sólo han realizado algunas pinceladas como la mediación a distancia, tal es el caso de Tlaxcala.

Es tiempo de que la impartición de justicia en el país se modernice, en beneficio de la sociedad, haciéndola más ágil, pronta y expedita. Además de que la justicia virtual abonara a erradicar la corrupción que impera en estos espacios. El impulso procesal que se da en el submundo jurídico se puede erradicar por esta vía. 

Ex ombudsman tlaxcalteca y Presidente de la Academia Nacional del Derecho al Trabajo de la Asociación Nacional de Ex ombudsman, A. C.