Es necesaria una reforma al Poder Judicial, sí. Pero se debe analizar los términos en que se plantea. El problema de las instituciones públicas en México, no son éstas, son las personas quienes la presiden, y muchas veces con sus acciones echan al sesto de la basura su loable labor que por encomienda constitucional tienen asignada.

Por desgracia, el Poder Judicial de la Federación, sin caer en un discurso clasista, se alejó de su cometido, y se convirtió en la “burocracia dorada” del sistema. Se sabe por estudios académicos que los ministros de México son los mejor pagados en comparación con sus similares de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos o Reino Unido.

Investigaciones realizadas por el CIDE, advierten el enorme gasto que se eroga en sueldos y salarios, y donde se presume que solo el 25% del personal realiza tareas sustantivas a la función jurisdiccional; las demás están encomendadas a labores administrativas, de investigación o académicas.

En un sistema presidencialista como el nuestro, quienes están al frente de un poder público o de un organismo público autónomo, deben saber que la autonomía no te da lugar para el dispendio, como los ex comisionados de transparencia que utilizaron las tarjetas corporativas oficiales para pagar su “table dance”. Tampoco para ser sumiso ante el poder en turno, caso presidenta de la CNDH.

Si bien este tipo de instituciones se caracterizan por sus conocimientos técnicos y especializados, en su relación institucional con los otros poderes la forma es fondo. Y está se debe cuidar, sin caer en la complacencia o la sumisión. Como aquel acto donde la ministra Piña, fue criticada por no ponerse de píe a la entrada del presidente Amlo en un evento oficial. Para algunos fue muestra del poder que representa, para otros una descortesía. Sin embargo, después fue de conocimiento público su reunión, -previo a las elecciones- en lo oscurito con el desprestigiado líder del PRI, Alito. Ese distanciamiento, hoy a cobrado su partida.

 Si bien la encuesta que realizo el partido oficialista para dar a conocer, -según ellos la urgente necesidad de reformar a este poder-, nos advierte que los justiciables ven a un Poder Judicial lejano a sus pretensiones.  Ello no es óbice, para tomar medidas a la ligera.

Ser juez, no significa precisamente tener simpatía con el electorado. Pero tampoco ser distante con el justiciable. Más allá de esta loca pretensión de que los togados se elijan por voto popular, se debe apostar por que el proceso de selección sea abierto, a quienes se sientan con la capacidad y los conocimientos jurídicos necesarios y someterse a estudios psicométricos, para conocer sobre su integridad física y psicoemocional.  De ahí que los mejores perfiles en terna, pueden ser propuestos por el Ejecutivo en turno al Senado para su elección.

Los estudios comparados, nos dicen que ningún sistema constitucional le apuesta por elegir a sus jueces por voto popular. Bolivia por citar como ejemplo, solo ha realizado dos elecciones y la tercera la ha dejado pendiente, por el desinterés y el rechazo electoral existente.

Si a una mayor rendición de cuentas jurisdiccional, una justicia pronta y expedita, sin tantos tecnicismos y más cercana a la sociedad, acabar con el burocratismo judicial, exámenes más rigurosos y transparentes, acabar con el nepotismo y amiguismo en esas instancias. Pero el voto popular, le he buscado un razonamiento de lógica-jurídica, y concluyo que estamos ante la presencia de un enorme bodrio constitucional, que no le auguro buen futuro.