Varios acontecimientos han puesto en jaque al actual gobierno. La inseguridad pública es un lastre social que parece no tener fin. Si bien este problema es un acto heredado, la actual administración federal no ha encontrado la fórmula para hacer frente a este flagelo.

La política de abrazos y no balazos, ha resultado un fiasco. El motín planeado en una de las cárceles de Ciudad Juárez, fue uno de los primeros sucesos que cimbraron este inicio de año, donde hubo 17 muertos y 25 reos fugados. Donde todo indica, el nivel de corrupción e impunidad que impera en el sistema carcelario del país.

La detención de Ovidio, mostro una realidad que esta enquistada en la cultura mexicana. Las redes sociales, se inundaron de mensajes, y fuimos testigos de una pesadilla que vivieron los sinaloenses, quema de vehículos, tiroteos, saqueos y enfrentamientos, parecían una escena de guerra en algún país de Medio Oriente.

Sin embargo, se trataba de un Estado del norte de México. Si la cabeza de este capo, fue una cortesía del Gobierno Federal, al pueblo gringo, eso resulta secundario, frente al nivel de violencia que se ejerció, y que deja ver el potencial económico, táctico y bélico, con el que cuentan estos grupos para hacer frente a la autoridad.

Si bien este personaje de primer nivel en el mundo de la delincuencia organizada, ha sido detenido, y seguramente extraditado a EEUU, esto no significa que la violencia y la inseguridad cesarán. Al contrario, otros cabecillas suplirán esta ausencia, y las cosas seguirán igual.

Mientras, no se neutralice el lavado de dinero de estos grupos, ellos seguirán trabajando sin novedad alguna. La UIF, que es el principal instrumento del Estado para hacer frente a este fenómeno, parece que, a la salida de Santiago Nieto, esta unidad administrativa encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luce extraviada.

La fórmula para acabar con este flagelo, no es la política de abrazos y no balazos, tampoco las medidas reactivas, como lo es el uso de la fuerza pública y los enfrentamientos. La lógica indica, que, si el estado hiciera su trabajo, y desmembrara los brazos financieros, mediante los cuales estos grupos y sus empresas o negocios lavan millones de dinero, verían mermado su poder económico, entonces este fenómeno empezaría a ceder, pero al parecer eso no sucederá y por desgracia seguiremos observando escenas como el “culiacanazo” de este año.

En tanto, el sistema de justicia en México y la máxima casa de estudios la UNAM, se encuentran frente a un dilema, el plagio de una tesis, muestra los niveles de corrupción que imperan. Una ministra que se sostiene con alfileres en la SCJN, pues una buena reputación es un requisito constitucional para estar en esos banquillos; en tanto en la UNAM, ahora sabemos no solo se trata del plagio de un documento científico, sino de varios plagios que le pega a la credibilidad académica de la máxima casa de estudios.