México es uno de los países de mayor producción de mariguana en toda la región de América Latina. Se tiene la percepción de que dicha producción obedece a la alta demanda que se tiene del vecino país del norte. Mientras “la droga viaja hacia el norte, el dinero hacia el sur”. Con estos tópicos, la semana que concluyó, el Senado de la República aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, aún y cuando falta concluir su procedimiento legislativo en la Cámara Baja, su aprobación y entrada en vigor es inminente.

Lo anterior, obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ha impuesto al Congreso de la Unión, un término perentorio que fenece en diciembre de este año. No sólo se trata de un tema que causa escozor entre los grupos más conservadores de este país. Obedece a un tema de derechos humanos; si lo vemos desde una óptica más liberal y progresista. Donde el derecho humano a la salud, en el uso medicinal de esta droga es uno de los efectos que trae un beneficio, aunque este término fue eliminado del dictamen. O el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, si la finalidad se hace con fines recreativos y bajo ciertas condiciones previstas en la ley.

Además, que terminaremos una era de discriminación, estigmatización y que muchas veces llegaban hasta la penalización en este tema. Los “mariguanos o mariguanas”, pasaran a ser simples consumidores como cualquier parroquiano de cigarros o de vinos que en este país abundamos.

Lo que sigue es escuchar posturas en contra o a favor sobre el tema. Veremos si las células del narcotráfico que tienen azotada a una buena parte del país, y sobre todo cooptados a miles de niñas, niños y adolescentes en el proceso de producción, comercialización, industrialización o en sistemas de vigilancia para estos carteles, disminuye.

Se estima, según un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México 2019, que desaparecen por día 4 y asesinan a 3.5 niñas, niños o adolescentes, y que existen cerca de 30 mil infantes que han sido enganchados por algún cartel de la droga, para realizar alguna de las operaciones que les encomiendan como parte de sus actos delictivos. Incluso, este sector infantil ha sido víctima de homicidio doloso, con cerca de 21 mil casos del año 2000 a 2019 y con más de 7 mil casos de desaparición infantil, cifras que por sí solas son lamentables.

Los feminicidios de enero de 2015 a julio 2019, se contabilizó un total de 3, 297, y de ellos 317 fueron cometidos contra niñas menores de 17 años, según cifras oficiales dadas a conocer. Con este contexto, de por si complejo, ahora los estudios hablan de un “juvenicidio”, que se refiere al asesinato sistemático de la población joven. 

Ahora, lo importante es crear una cultura de prevención entre nuestra población infantil y juvenil, sobre el uso y abuso de esta sustancia; no es sólo decir que al abrir el mercado al autoconsumo de esta sustancia se está fomentado la drogadicción, esto es lo más patético.

La ley que permite el consumo adulto de esta sustancia es muy específica y se sabe que dicha permisión tiene un sector. Lo que se debe trabajar es hacer conciencia y salvar a una generación de niñas, niños y adolescentes, que están padeciendo varios problemas estructurales; la precarización de los valores que se deben enseñar desde casa y no esperar que la escuela asuma esta responsabilidad en su totalidad. Una generación que ha sido confinada, con todas las secuelas que en materia educativa y recreativa representa. Es momento de trabajar coordinadamente entre familia, sociedad y gobierno, para poder hacer que esta iniciativa rinda frutos, evitando más violencia e inseguridad en el país.