El próximo 2 de junio de 2024 no será una simple elección constitucional, donde se renovarán el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, entre otros cargos de elección popular en diversas entidades federativas. Seremos testigos y yo espero, actores fundamentales en la batalla que se llevará a cabo entre demócratas y autoritarios. Si los ciudadanos lo permitimos será una elección de estado y le daremos oportunidad al autoritario establecer sus condiciones, el próximo gobierno y el congreso de la unión.

En Democracia se gana o se pierde, pero los autoritarios tienen otros datos y otra idea. El escenario político y el entorno nos indica que estamos frente a una emergencia nacional, no debemos permitir que muera la democracia. Desde luego, se trata de elevar nuestra conciencia, para comprender que no es un problema entre personas y partidos, sino que por encima de ellos, hay principios fundamentales que debemos aquilatar, preservar y fortalecer como lo es, nuestra democracia.

En efecto, hemos tenido malos Presidentes de la Republica incluido el presente. Todos tienen nombre y apellido y sus acciones y omisiones personales han dañado el crecimiento y desarrollo de nuestro país, incluyendo a la misma democracia. El problema no es el diseño constitucional ni los sistemas previstos en la propia constitución; tampoco el marco jurídico que regula las instituciones públicas y órganos autónomos, sino las decisiones personales que al final resultaron un error, una necedad, un capricho, incluso una desgracia. De cada uno de ellos, podemos elaborar sendas listas de errores gubernamentales personalísimos, mas no institucionales o de partido político.

Existen diversos problemas graves en el país, que no permiten su desarrollo y crecimiento democrático, como son, abuso del poder, del dinero público y de la ausencia de mecanismos eficientes y eficaces para sancionar a los Servidores Públicos, en especial a los Presidentes de la República, Gobernadores, Ayuntamientos, Secretarios de Estado e integrantes del Poder Legislativo.

En primer lugar, el Sistema Presidencial en México está agotado para propósitos democráticos del país. En segundo lugar, el diseño institucional, permite que el Presidente de la República abuse del poder público y de los recursos públicos. En tercer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce un exceso de facultades del Presidente de la República.

No obstante, la división de poderes, una sola persona concentra todo el poder público y el dinero público, tomando decisiones que afectan a la colectividad sin ser consultada como lo establece la propia Constitución. Esto sucede también en los gobiernos locales, los gobernadores y presidentes municipales quienes abusan del poder, del dinero público y del exceso de atribuciones y facultades.

Sin duda, existen diversos actores de los que depende la solución al problema del presidencialismo y al sistema político mexicano, que se encuentran en una auténtica parálisis paradigmática. Por una parte, el poder legislativo no ejerce sus atribuciones constitucionales de control, fiscalización y sanción a malos servidores públicos. Así mismo, los gobernadores realizan nombramientos de servidores públicos sin el perfil, sin la experiencia, sin los conocimientos y sin la profesionalización de servidores públicos en áreas eminentemente técnicas como los Tribunales Superiores de Justicia, la Fiscalía y los Órganos Autónomos. En el caso de los Ayuntamientos sucede lo mismo, los servidores públicos carecen del perfil adecuado y de la experiencia necesaria para desempeñar su cargo, a ello le agregamos la ineficacia e ineficiencia de los regidores quienes deberían ser honoríficos. Los Congresos de las entidades federativas se han convertido en espacios de tramites acordes a la voluntad de los Gobernadores.

Categóricamente debemos hacer una defensa ciudadana en favor de la democracia, ya que el sistema político está colapsado y el gobierno federal actual hace todo lo posible para reformar la Constitución y permanecer en el poder. Seremos entonces los ciudadanos, en uso de la soberanía para rediseñar el gobierno, el sistema político, las instituciones y el fortalecimiento de la democracia en México. Será necesario plantear un avance en términos del diseño gubernamental encaminado al semi-presidencialismo con facultades acotadas al presidente, o bien, proponer el sistema parlamentario que permita auténticos equilibrios de poder y contrapesos, reduciendo a Primer Ministro únicamente a un parlamentario que represente al Gobierno y al Estado mexicano.