Gobernar significa llevar o conducir a una sociedad a mejor puerto. Sin duda habrá excepciones dentro de los dos mil 458 municipios en México, para la afirmación que sea plantea en el título del presente ensayo. No obstante, los resultados en la mayoría de los gobiernos municipales son en gran medida cuestionables. Bastan algunos datos básicos para demostrar la hipótesis que se plantea.

Aún, estamos lejos de ver el manejo eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos por parte de los Ayuntamientos. Prevalece el dispendio, la desviación de recursos, el moche, el diezmo, gastos innecesarios, nóminas altas y salarios bajos de servidores públicos municipales, ante el presente escenario, no existe hasta este momento estrategia alguna de los gobiernos estatales para combatir estas prácticas; todo es negociable frente a esta situación, subsanar las deficiencias es el remedio.

Uno de los problemas de fondo sin duda son las leyes municipales en los estados, las cuales establecen la obligación de presentar ante los Congresos Locales un Plan de Desarrollo Municipal, mismo que es un documento en el que no se exigen mayores elementos técnicos. Es suficiente su presentación en papel. No parte de un diagnóstico municipal serio, en el que expliquen y describan las principales problemáticas del municipio. El incumplimiento de objetivos no genera responsabilidad alguna, es letra muerta, un documento rígido que no prevé sugerencia, cambios o actualizaciones de parte de los legisladores locales.

Pero, no basta una visión egocéntrica, se requiere de una visión policéntrica y holística que les permita establecer y definir problemas conurbados o comunes, entre varios municipios. No obstante, la legislación en materia de planeación omite estas acciones. Cada municipio administra y programa sus propias obras públicas. Desde luego; en una estrategia incluyente y con el propósito de resolver problemas comunes, los ayuntamientos podrían suscribir acuerdos y compromisos para atacar situaciones que afectan a mas de dos municipios, el conflicto radica en una visión corta y de partido.

Así, por ejemplo, los municipios pueden legislar en temas de su competencia previsto en las distintas fracciones del artículo 115 constitucional. Una de ellas, es generar sus propios mecanismos de tributación. El mismo artículo 115 fracción IV inciso c, párrafo segundo de la constitución, establece la facultad de la administración libre de su hacienda, el problema no solo es de interpretación, sino de capacidad de gestión y de atención o solución de posibles conflictos sociales a la hora de establecer una política recaudatoria mayor. Esto pasa con frecuencia en temas de pago de agua potable, impuesto predial, licencias comerciales entre otros pagos de derechos.

Evitar la costumbre de estirar la mano para pedir dinero es el reto que ningún presidente municipal quiere aceptar. Continúan con el paradigma de exigir recursos públicos al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, a los legisladores locales y federales o bien como último recurso buscan endeudarse. No comprenden del todo la facultad tributaria que la propia constitución les otorga y que con el apoyo de los Congresos Locales podrían generar sus propios ingresos para el gasto público.

Las necesidades continúan, la población crece y los gobiernos municipales no planean ese crecimiento, no establecen posibles escenarios, mucho menos hacen prospectiva; esta tiene sus implicaciones metodológicas y jurídicas para su éxito pleno de lo cual, carecen los ayuntamientos, además de no aceptar asesoría, ni consultoría alguna.

Los gobiernos municipales no saben cómo atender los problemas o conflictos y requerimientos en sus demarcaciones, no hay planeación intermunicipal que permita un diagnóstico explicativo y descriptivo que les permita tomar decisiones conurbadas, comunes o intermunicipales.

Una recaudación eficaz podría fortalecer al municipio libre, si y solo sí exista una visión donde se permita la asesoría, la consultoría y se construya un plan estratégico para ello. Si y solo sí, cuenten con herramientas de gobierno e instrumentos legales que les permitan obligarse a trabajar en ello.

Es tiempo de que los municipios dejen de exigir recursos públicos, deben capacitarse con el propósito de interpretar la Constitución y sus leyes secundarias, para crear y generar sus propios recursos de conformidad con lo que el marco jurídico constitucional y de leyes secundarias les faculta.

Los mexicanos merecemos presidentes municipales con sensibilidad y vocación de servicio, profesionales, evitando la improvisación, utilizando herramientas de gobierno como la planeación y la rendición de cuentas, capacidad necesaria para establecer estrategias, acciones bien pensadas, y planeadas.

La hacienda pública no debe ser un botín, el ayuntamiento no es un espacio para familiares y amigos que no tienen idea del servicio público, los ciudadanos no merecemos ese módelo de Servidores Públicos, nuestros impuestos son parte fundamental de nuestro derecho humano para un buen gobierno.