No existe la menor duda de que en materia de contaminación de mares, ríos, lagos, lagunas y mantos acuíferos violentan el derecho humano a un entorno saludable, a un medio ambiente sano.

Nuestro estado no escapa a esta terrible problemática, prácticamente todos los ríos y lagos están contaminados, por descargas de municipios, empresas y particulares sin tratamiento alguno; así lo establecen diversos estudios que han realizado instituciones como la UNAM y el IPN, mismos que se pueden verificar en la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En la recomendación se establecen medidas que deberán adoptar las distintas autoridades federales, estatales y municipales, no se digan las multas que se han establecido para distintas empresas contaminantes. Vale la pena revisar dicha recomendación y nos daremos cuenta de la magnitud del problema, el cual se agrava cada día más, debido a que desde 2017 a la fecha no han sido atendidas dichas recomendaciones y las enfermedades van en aumento, básicamente, cáncer, insuficiencia renal, respiratorias y de piel, entre otras.

Recordemos que, sobre este tema y otros más, la ONU convocó a los países suscribir y adoptar 17 punto de la Agenda 20-30. Desde luego México suscribió la Agenda y se obligó a implementar de manera urgente dichas acciones en nuestro país.

Así, el Punto 6 de la Agenda 20-30, “AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO”, establece la obligación, aunque no vinculatoria, de los tres órdenes de gobierno para destinar recursos económicos, establecer políticas públicas, crear, reformar o actualizar las normas en esta materia a efecto de dar cumplimiento a esta responsabilidad urgente.

La propia ONU ha establecido que los Objetivos del Desarrollo Social, son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Esto significa que existe responsabilidad del gobierno federal, de los estados, municipios y presidencias de comunidad para adoptar estas medidas; aquí se incluye desde luego el trabajo del Congreso del Estado y del Gobernador en turno.

Este compromiso constituye un apoyo hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo, evaluación y sanciones por incumplimiento, mismos que hasta el momento no observamos.

En el caso de los ríos de Tlaxcala, es sin duda un problema de la mayor preocupación, no obstante, la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, publicada el 22 de diciembre de 2009 y la Creación de la Comisión Estatal de Aguas de Tlaxcala en el año 2014. No existen acciones de ninguna de las partes involucradas en el problema. A lo anterior debemos agregar que para el ejercicio fiscal del presente año (2019) la Cámara de Diputados aprobó destinar a las zonas metropolitanas 3300 millones de pesos, dentro de estas zonas se encuentra la de Puebla-Tlaxcal, con recursos para atender el saneamiento del Río Atoyac.

Hoy en día, la tecnología existe para sanear las aguas residuales, asimismo en la norma mexicana esta prescrito y obliga a los distintos actores que influyen en el problema, es claro el incumplimiento de la ley por los distintos actores involucrados en la contaminación de nuestros ríos, mantos acuíferos, lagos y mares. No obstante, no se aplica la ley y se presumen actos de corrupción sin duda.

Habría que preguntarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuantos recursos se han liberado para el saneamiento del Río Atoyac, qué proyectos de saneamiento presentaron los gobiernos de Puebla y Tlaxcala. De igual forma, preguntar a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, a las empresas, a las autoridades federales principalmente la CONAGUA, a los ayuntamientos, a las empresas contaminantes, cuál es la razón del incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Como puede advertirse, no se trata de ausencia de recursos públicos, es otro el tema, Solo basta imaginar si tan solo se destinaran recursos para el saneamiento de los mantos acuíferos, ríos, lagos y mares, la enorme potencia de volver a tomar agua limpia de manera gratuita.

Hay que tipificar figuras jurídicas y administrativas, es decir, crear la norma que establezca que podrá consumirse el agua limpia producto de un proceso de purificación; de igual manera, sería muy importante crear un fondo de recursos públicos, federales, estatales y municipales para adquirir tecnología de punta para el tratamiento de aguas contaminadas en nuestro estado. Sin olvidar la cultura del cuidado del medio ambiente de parte de todos.