Todo indica que la solución de los grandes problemas de este país, surgirán de las ideas, creatividad e innovación que propongan los propios ciudadanos. Es claro que el colapso de los distintos sistemas establecidos en la Constitución no serán resueltos por el actual gobierno dado que el mismo se ha empeñado en devastar las instituciones democráticas de este país. Habría que ser precisos en el tema y papel de los partidos políticos como factores reales de poder y de equilibrio frente a un gobierno de una sola persona, mismos que no han cumplido con su razón de ser y su propia naturaleza. Ante tales circunstancias, es preciso que los ciudadanos organizados sean quienes abanderen las causas sociales más sentidas: inseguridad, ausencia de servicios médicos y de medicinas, inversión pública equivocada, ausencia de inversión pública y privada eficaz, falta de crecimiento y desarrollo del país, ausencia de planeación transversal interestatal e intermunicipal, así como buenos gobiernos.

Sin duda, la democracia en el país es fundamental para el crecimiento y desarrollo del mismo, pero también para el diseño o rediseño de las instituciones públicas que le den forma y que operen en favor de este valor democrático. Reinventar y replantear el lenguaje que utilizan los servidores públicos, los políticos y los ciudadanos es indispensable en la contribución a la democracia. El lenguaje democrático de alto nivel es necesario, no solo retomarlo sino iniciarlo desde la sociedad hacia el gobierno y no viceversa, los resultados que hoy tenemos en gran medida son producto del lenguaje democrático que hoy se practica y utiliza en nuestro país. En pocas palabras somos testigos del bajo nivel democrático a través del lenguaje y de las acciones de gobierno y de política pura a la hora de tomar decisiones colectivas, en la cual no hay argumentos, ni datos duros que describan la realidad social.

Existen distintos mecanismos en la Constitución y en las leyes secundarias, a través de los cuales, los ciudadanos podemos hacer exigibles una gran variedad de derechos humanos; entre ellos:  el derecho humano a buenos gobiernos, el derecho humano a la salud, a la seguridad, a la vivienda digna, el derecho humano a la justicia pronta, expedida e imparcial con jueces y magistrados con una formación sólida, el derecho humano a leyes claras y justas, que propicien la armonía y la paz social; es decir, el derecho humano a un poder legislativo que cumpla con su razón de ser o su naturaleza, respetando en estricto sentido la voluntad de los ciudadanos a través del mandado popular que se les ha otorgado, no olvidando que su trabajo debe estar en función de las necesidades sociales y en beneficio de ellas y no legislar con ocurrencias, protagonismos,  ni consignas o sometimientos o insultando la inteligencia de muchos ciudadanos. Definir los principales problemas del estado y su priorización es un método que puede ayudar a cualquier legislador que utiliza la razón a legislar y cumplir con su responsabilidad constitucional.

Recordemos que los países democráticos consideran a la legitimidad como una medida y un valor democrático que pone en su justa dimensión a los gobernantes, jueces, magistrados y legisladores. Así por ejemplo, un gobernante tendrá legitimidad cuando obtiene del cien por ciento del padrón electoral el cincuenta por ciento más uno de los votos totales; en este caso, la legitimidad no concluye con ganar una elección, será reconocido un gobierno legítimo a través de sus políticas publicas eficaces, de las variables que controla con eficiencia, de su proyecto de gobierno, de la gobernabilidad que genera y de la capacidad de gobierno que demuestra durante su ejercicio. En cuanto a los jueces y magistrados serán legítimos en tanto actúan y resuelven conforme al respeto a los derechos humanos fundamentales, que para ello es fundamental la experiencia acumulada que tengan sobre la función que desempeñan, lo contrario es improvisación pura y su actuación es ilegítima. El legislador por su parte mantiene su legitimidad realizando su actividad legislativa de gestión y rendición de cuentas de los poderes del gobierno con un enfoque humanista y generando leyes y proyectos en beneficio de la colectividad y no respondiendo a partidos políticos, gobiernos o intereses privados.