Carlos Marx en 1848 publicó su famoso “MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA”. En este documento histórico para la ciencia política, el derecho, la economía y la sociología, señala la existencia de las clases sociales, tal y como lo planteó Diderot años anterior.

Metodológicamente establece la unidad y lucha de contrarios, cambios cuantitativos y cambios cualitativos, negación de la negación y de lo abstracto a lo concreto. Posterior a ello, Gramci continúa con una teoría política para que la clase trabajadora llegue al poder, incluso establece métodos, igual que Maquiavelo, no importan los medios. Esta es la esencia de esa lucha de clases.

Que distante resulta la praxis política del grupo en el poder, en relación con la cientificidad de los métodos que plantean politólogos y sociólogos que se ubican en la llamada izquierda científica o la social democracia.

En la elección pasada, en términos concretos observamos que, en algunas entidades federativas, ganó la clase menos productiva, menos estudiosa, menos creativa, la que no aporta ideas, la que espera dadivas, la que no produce, la que no contribuye con los impuestos, la que aparentemente es las más vulnerable, la que fácilmente se amenaza para fines políticos, claro primero los pobres y que la clase media se fastidie. No debemos olvidar que la ignorancia y la corrupción son el verdadero flagelo de la sociedad.

La justicia social no debería beneficiar solo a esta clase de personas quienes podrían convertirse en cómplices del pensamiento unilateral y del centralismo en extremo que lleva a la tiranía o al absolutismo. No es solamente con dinero con lo que se resuelven los problemas que aquejan a los jóvenes, no es solamente con dinero como se resuelve el problema de la tala clandestina, la contaminación y el daño a la biodiversidad.

Abordar los problemas metodológicamente, podrían definir con claridad un diagnóstico, podría definir de quienes depende la solución o agudización del problema, podría definir cuáles deben ser los objetivos, podría definir mediante que estrategias y acciones se resuelve ese problema.

Mientras que un gran número de profesionistas, emprendedores, empresarios, todos los días construyen, aportan y generan riqueza para el país, otros tantos ciudadanos por decreto constitucional esperan que esa riqueza sea repartida institucionalmente con el único argumento de apoyar a los más pobres, concepto alejado por mucho de una verdadera justicia social. La pobreza no se combate solo con dinero.

Los que gobiernan actualmente creen que han concretado un juego perfecto. Los profesionistas, emprendedores, empresarios y personas creativas no deberán ser pasivos ante el desaseado proceso electoral del pasado 6 de junio, no deberían responder a una supuesta consulta, la ley se aplica y punto.

Si, Carlos Marx y Diderot desde esos años tienen razón, existe una lucha de clases, en donde la clase media, que aporta, está de acuerdo en el respeto a los derechos humanos incluso se promueven, existe solidaridad para con quien sufre una desgracia, pero nunca un ciudadano aspiracionista pide limosna o una dadiva para que los más ricos y los que están en el poder prevalezcan y se preserven por décadas o dinastías.

Estamos a favor de la justicia social, no de la modificación de la ley para obligar a los que generan riqueza a dar una parte a los que supuestamente no la tienen. La justicia en palabras de Ulpiano es dar a cada quien lo que a su derecho le corresponde. Establecer en la ley una obligación de quienes producen en este país y un supuesto derecho de quienes esperan dadivas enfrenta a la sociedad y fortalece la teoría de un gobierno autoritario y demagogo. La corrupción de algunos, no es culpa de la gran mayoría de ciudadanos mexicanos que trabajan, estudian y declaran sus impuestos.

En todo caso, necesitamos que el gobierno recupere la riqueza en manos de unos cuantos, como dinero mal obtenido, aplicando la ley, esa es una de sus funciones y no trasladar esa responsabilidad a los ciudadanos mediante una supuesta consulta, que absurdo de su parte. Como siempre, los mexicanos cautivos por la Secretaría de Hacienda son los que pagan al final los errores y la ineficacia del gobierno.