Este martes, como cada 8 de marzo y de diversas formas, algunas criticables, porque implican daño al patrimonio público y privado, colectivos feministas, activistas y personas en particular tomarán las calles para recordarle al mundo lo que todos sabemos y no deberíamos olvidar ni por un momento: Que están aquí, son mayoría e, históricamente, sus derechos han sido ninguneados, regateados, negociados y hasta masacrados por hombres, gobiernos, políticos, partidos, empresarios, etc. 

Pero nadie puede negar que las mujeres han luchado y ganado o recuperado muchos derechos y posiciones en los tiempos recientes. Por ejemplo, en febrero pasado el INEGI publicó que la Población Económicamente Activa (PEA) femenina en Puebla durante el último trimestre del 2021 fue de 1 millón 253 mil, superior en 82 mil personas a las del año anterior. 

Sin embargo, la misma encuesta muestra que mientras el 9.3% de los hombres contaba con un empleo no remunerado, en las mujeres esa cifra ascendió al 15.2 por ciento. Además, mientras el 6.7 de los varones se reportó como subocupado; es decir, con disposición a emplearse más tiempo de lo que les demanda su actual empleo; en ellas ese porcentaje sube al 8.9. 

Y también tienen que aceptar más empleo informal (que implica cierta vulnerabilidad o no es reconocido como tal) que los hombres, como lo reportó el INEGI. Mientras el 72 por ciento de las mujeres admitió estar involucrada en un trabajo informal, en los hombres esa cifra fue del 70.8%. 

TLAXCALA, EL ESTADO DEL PAÍS CON MENOS PORCENTAJE DE PRESIDENTAS MUNICIPALES 

También es claro que cada vez más féminas acceden al poder público. De acuerdo al INEGI, en 2020 el 23.2 por ciento de los ayuntamientos del país estaba encabezado por mujeres, aunque en algunos estados todavía falta para que les reconozcan las principales candidaturas en cabildos, ya que – por ejemplo- en Tlaxcala ese porcentaje es apenas del 10.2 por ciento, en Colima apenas llega al 11%, para Hidalgo es del 16.7 y en Puebla alcanza el 21.7%. 

En 2020, el 58.1 por ciento de los gobiernos municipales de México contaba con una mujer como síndica, de acuerdo al INEGI y, en este rubro, Tlaxcala fue la entidad con mayor porcentaje (89.3), en tanto que las poblanas les siguen con el 78.3, Aguascalientes (83.3%), etc.  

Otro rubro en que las tlaxcaltecas se mantienen rezagadas es en las regidurías, porque mientras el país tiene un promedio de 49.2% de féminas en esos cargos, en dicho estado apenas es del 35.8 por ciento, cuando en Puebla asciende al 53.1%. 

Pese a los rezagos en algunas entidades, es innegable el incremento del poder femenino en el sector público. Sin embargo, su empoderamiento no ha servido para disminuir la cantidad de feminicidios y, por el contrario, cada año hay más ataques de este tipo, según el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

VIOLENCIA DE GÉNERO, TAMBIÉN EN AUMENTO   

En 2018, antes del inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el CNSP registró 896 feminicidios, que ascendieron a 947 un año después, a 949 en el 2020 y que en el 2021 alcanzaron el máximo histórico de 969. Así que resulta llamativo y, quizás, contradictorio, el hecho de que el incremento de la cifra de mujeres en puestos públicos no esté contribuyendo a disminuir los ataques homicidas contra ellas. 

Y, pese a los encendidos discursos de políticos sobre la protección a las mujeres, la igualdad, equidad y demás, la realidad es que los gobiernos federal, estatales y municipales –formados por hombres y mujeres – tampoco han logrado reducir la cantidad de violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia a la familia, puesto que –según cifras oficiales del CNSP- cada año aumentan este tipo de delitos. 

Así, en el 2018 se denunciaron 2255 ataques por violencia de género, un año después ese número alcanzó las 3 mil 180 querellas, en el 2020 se reportaron 4050 ataques de este tipo y el año pasado ascendieron a 4 mil 186, que demuestran la necesidad de que –independientemente de la fecha 8M y sus marchas- a nuestro país todavía le falta recorrer un largo trecho para que la igualdad y equidad genérica sean realidades y no simples discursos ocasionales.