Miguel Barbosa…el legado de amarrarles las manos y los dedos a sus sucesores
No son pocas las aseveraciones de dirigentes o seguidores del PRI-PAN que, con dedo flamígero, acusan a la administración del gobernador Barbosa de que “no ha hecho nada”, debido a que –a diferencia de Rafael Moreno Valle, que utilizó de manera personal e institucional los recursos de los poblanos para tratar de proyectarse política y electoralmente- el actual mandatario se mantiene lejano a las obras y planes suntuosos, de relumbrón.
Pero hay un legado que, ahora que se concrete, será de gran trascendencia no solo en el futuro cercano, sino, principalmente, en las próximas décadas, ya que Miguel Barbosa se ha propuesto amarrarles las manos y los dedos a sus sucesores, sean de cualquier partido, en dos rubros con gran importancia social: La impartición de justicia y la fe pública (notarios).
Miguel Barbosa y el actual Congreso local podrían convertirse en
artífices de algo que, desde hace años, le hace mucha falta a México y
Puebla: La transformación del Poder Judicial, que lleva mucho tiempo con
un entorno opaco, discrecional, faccioso, inservible
para la mayoría de los poblanos:
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El pasado 22 de septiembre, el gobernador envió a la Legislatura estatal su propuesta de reforma al sistema judicial, una reforma constitucional que, de aprobarse, según expertos, acotaría el poder del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reforzaría la vigilancia institucional en magistrados y jueces y combatiría, quizás con mayor eficacia que la actual, prácticas deleznables y prohibidas, pero que todo el mundo sabe que se cometen en dicha instancia: Corrupción, venta de justicia y enriquecimiento ilícito.
ATARLES LAS MANOS A MAGISTRADOS Y JUECES
Muy enfático ha sido Miguel Barbosa al pedir a jueces y magistrados que
apoyen este proyecto y, en días pasados, seguramente presionado por la
coyuntura política y social, el titular del TSJ, Héctor Sánchez, externó
su respaldo a la propuesta del mandatario:
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Abogados expertos en el tema constitucional dijeron a DEBATE
que la propuesta del gobernador es una reforma constitucional que, en
general, implica acotar el poder el presidente del Tribunal Superior de
Justicia, quien ya no podrá convertirse
en titular del Consejo de la Judicatura, sino que dicho cargo recaerá
en otro magistrado:
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Además, el proyecto implica fortalecer dicho Consejo de la Judicatura,
para que vigile con más elementos y eficacia el desempeño de jueces y
magistrados, aunque no bastará con aprobar dicha reforma constitucional,
sino que tendrán que elaborarse una nueva ley
estatal del Poder Judicial y su respectivo reglamento:
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Y nadie en su sano juicio puede negar que, desde hace años, a Puebla y
al resto del país les urgen cambios de fondo en el Poder Judicial, como
lo demuestran, escándalos, abusos y excesos como los que supuestamente
se cometieron contra Miriam Vázquez, quien
denunció a su ex pareja por abuso sexual y un sin número de supuestos
delitos…que un juez manejó a su interés para dejar libre al agresor:
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JUSTICIA NO ES EXPEDITA, IMPARCIAL NI EQUITATIVA
Sabedor de que su propuesta pisaría callos, generaría ámpula, Miguel Barbosa Huerta ha ratificado que, de aprobarse, el proyecto de cambios al sistema de justicia no quitará derechos a quienes actualmente lo conforman. Y tiene razón, pero es claro que es urgente modificarlo, porque no es expedito, imparcial ni equitativo.
Por ejemplo, en abril pasado, sin decir agua va, quien en ese entonces
fungía como juez de control en Huauchinango, Lucio León, ordenó liberar a
un sujeto acusado de participar en el asesinato a golpes de Bernardo N
por la disputa de un terreno:
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Y el caso de Lucio León no es más que uno de los muchos que demuestran la veracidad de lo que asentó el gobierno estatal en la exposición de motivos de su propuesta de reforma al Poder Judicial: “Esta iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Puebla no obedece a ninguna situación coyuntural o contingente, Por el contrario, surge de la convicción de que la justicia que no es pronta, expedita, imparcial, equitativa, sensible a la marginación y a las desigualdades históricas, simplemente no es justicia.
Por ello, esta propuesta responde a la finalidad, en primer lugar, de aislar a la jurisdicción, a través de garantías institucionales más fuertes y de mejores mecanismos de rendición democrática de cuentas, de la influencia o interferencia indebidas que pueden ejercer los intereses creados o acechantes, así como al propósito de diluir cualquier forma de concentración de poder que pretenda subordinar la potestad pública, dimanante de la soberanía, de decir el derecho y hacer ejecutar lo juzgado”.
QUE MAGISTRADOS Y JUECES NO SEAN REHENES DE QUIEN DA O QUITA
Hechos como el que dicho poder haya sacado de la cárcel a 5 de los 6
acusados de llevar a cabo un robo múltiple de autos en el restaurante
Divará, en enero pasado, ratifican la URGENCIA de una transformación a
fondo del sistema de justicia en Puebla:
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En ese sentido, la propuesta del gobernador Barbosa Huerta, según su exposición de motivos, “aspira a romper el círculo vicioso que se ha instalado en las judicaturas nacionales, el cual consiste en utilizar los instrumentos de gobierno judicial para comprometer la imparcialidad y la libertad de criterio de los juzgadores. No queremos más que los jueces y magistrados sean rehenes de quien da y de quien quita.
“Nuestra convicción es que el Estado de Puebla merece un Poder Judicial transparente, eficaz, confiable y con legitimidad social, en el que los jueces y magistrados puedan realizar su función sin la incertidumbre de que su destino depende de congraciarse con el poder o plegarse a la corrupción endogámica.
“Sobre su contenido particular, la propuesta reorganiza diversos artículos del Título Quinto de la Constitución del Estado de Puebla, no sólo para establecer un orden coherente sino, además, para que, con ello, sus disposiciones puedan ser de más fácil acceso para los operadores jurídicos y destinatarios”.
CREACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL, LLAVE PARA CREAR UN NUEVO PODER JUDICIAL DE PUEBLA
“Se plantea la creación de la Sala Constitucional de carácter permanente, adscrita al Poder Judicial del Estado, orgánicamente independiente del Tribunal Superior de Justicia, con autonomía de jurisdicción para la resolución de los asuntos de su competencia, a la que corresponde la interpretación, defensa y garantía jurisdiccional de la Constitución poblana y de los derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico Estatal, procurando en todo momento su protección más amplia.
“La Sala Constitucional se integrará por cinco Magistrados, nombrados conforme a lo previsto en la Constitución para los magistrados del Tribunal Superior y a las reglas de escalonamiento en su integración que prevea la ley orgánica respectiva.
“Adicionalmente, en la iniciativa se prevé que el Pleno de la Sala Constitucional nombre a su respectivo presidente, de entre sus integrantes, por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección, el cual será distinto a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con lo que se fortalece la autonomía de esta Sala frente a cualquier otro órgano del propio Poder Judicial.
LA PELOTA, EN LA CANCHA DEL CONGRESO LOCAL
“Dicha Sala conocerá de los medios de control y defensa constitucional, así como de los recursos aplicables, los cuales serán desarrollados por una Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado. Por otra parte, se propone incorporar dos recursos de legalidad ordinaria a cargo de la Sala Constitucional: revocación y revisión.
“El primero procede en contra de los acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura, mientras que el segundo tendrá por objeto los actos de adscripción y remoción de Jueces, así como la remoción de Magistrados en los supuestos que prevea la ley. Estos recursos están diseñados para garantizar la autonomía e independencia de los Magistrados y Jueces, en la medida en la que introducen un medio efectivo de defensa frente a las decisiones del Consejo de la Judicatura, órgano en el que se deposita el gobierno judicial, que afectan la administración y, en particular, a la carrera judicial”.
Hasta ahora, esta propuesta de reforma al sistema judicial de Puebla ha recibido más apoyo y beneplácito que críticas o cuestionamientos, aunque seguramente en el Congreso local se debatirá y se anexarán o quitarán elementos. Lo que queda claro es la urgencia de, finalmente, modificar la impartición de justicia en el estado.
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