Los MUCHOS cabos sueltos del caso Chalchihuapan
El autoritarismo inhato de Rafael Moreno Valle Rosas, la frivolidad de Luis Maldonado Venegas (qepd), la complicidad de Víctor Carrancá, la estulticia e incapacidad de Facundo Rosas y hasta la ambición -al parecer interminable- de Elia Tamayo son algunos de los muchos cabos sueltos del caso Chalchihuapan, que, si el actual gobernador Miguel Barbosa Huerta efectivamente reabre y llega a fondo, podría cimbrar a muchos actores políticos y sociales poblanos y nacionales.
Fue en septiembre del 2019, dos meses después de que tomara posesión, cuando el titular del Ejecutivo estatal informó que pediría en la CNDH la reapertura del caso Chalchihuapan, para que –ahora sí- se haga justicia: https://desdepuebla.com/2019/
Sin embargo, desde el 25 de noviembre del 2016, poco antes de que Rafael Moreno Valle dejara la gubernatura, aparentemente el asunto se había dado por finalizado cuando Elia Tamayo, la mamá del menor asesinado, José Luis Tehuatlie, aceptó una indemnización de entre 1.7 y 2.5 millones de pesos: https://www.e-consulta.com/
Pocos días después de recibir el cheque de la administración morenovallista y de que tanto el gobierno del estado como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dieran por cerrado el tema, la propia Elia Tamayo acusó que Diódoro Carrasco, el secretario de Gobernación en las gestiones de Rafael Moreno Valle y Tony Gali, la había presionado para que tomara el dinero, que cinco días después de recibirlo todavía no lo había gastado, presumió la madre del niño fallecido : https://www.proceso.com.mx/
LOS TRAMPOSOS VÍCTOR CARRANCÁ, FACUNDO ROSAS Y ROXANA LUNA
En el propio informe de 170 páginas que la CNDH expidió sobre Chalchihuapan exhibe que tanto la Procuraduría de Justicia como la secretaría de Seguridad Pública del estado –entonces a cargo de Víctor Carrancá y Facundo Rosas, respectivamente, no solo obstaculizaron su investigación e hicieron mal el trabajo pre y post trifulca, sino que, incluso, mintieron en los informes enviados.
Así, en la página 11 del documento, en el rubro de “Obstáculos”, la CNDH acusa: “Por otra parte, preocupó a este Organismo Nacional el hecho de que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla no recabaran ningún indicio al realizar la primera inspección ocular en el lugar de los acontecimientos y se limitaran a su búsqueda sobre el arroyo vehicular de la carretera estatal 438-D, Atlixco-Puebla, que para ese momento ya había sido limpiada por personal de mantenimiento”.
También la dependencia que en ese entonces encabezaba Facundo Rosas, uno de los personajes más cercanos al oscurísimo Genaro García Luna, resultó severamente cuestionada por la CNDH: “De igual manera, representó un obstáculo al trabajo de este Organismo Nacional que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informara a este Organismo Nacional que se encontraba imposibilitada para proporcionar una muestra del dispositivo código 3231, tipo proyectil de largo alcance irritante calibre 37/38 mm, CS, en razón de que el mismo se encontraba agotado”.
Otro que, según el organismo, no cumplió con su labor al frente de la secretaría de Salud fue Roberto Rivero Trewartha: “La ausencia de acciones eficaces para proporcionar una adecuada atención a las víctimas, familiares y testigos de los hechos dificultó la labor de investigación de los órganos de procuración de justicia para identificar a cada una las personas agraviadas por los acontecimientos del 9 de julio de 2014; ello significó una complicación importante para que este Organismo Nacional identificara y entrevistara a la mayor cantidad posible de personas que participaron en los hechos”.
NI ATENCIÓN MÉDICA LES DIERON A LAS VÍCTIMAS
Y “el que las autoridades que participaron en los acontecimientos omitieran proporcionar atención médica a las personas que resultaron agraviadas el día de los hechos; así como el omitir certificar su estado de salud o practicar deficientemente la misma, dificultó el acceso inmediato a la información fundamental para conocer las características de las lesiones que presentaron las víctimas, los elementos policiales y las demás personas afectadas”, precisó la CNDH en su informe https://www.cndh.org.mx/sites/
Hasta ahora, nadie está preso por el asunto Chalchihuapan, el único que lo estuvo un tiempo fue el ex edil auxiliar Javier Montes Bautista por encabezar la revuelta, pero salió en menos de dos años. Víctor Carrancá, Facundo Rosas y Roberto Rivero no fueron –por lo que se sabe- molestados ni con el pétalo de una rosa por su actuación en los hechos de aquel 9 de julio del 2014, pese al dictamen claramente incriminatorio de la CNDH: https://desdepuebla.com/2019/
Tampoco fue investigado Luis Maldonado Venegas, entonces secretario de Gobernación estatal y después funcionario de la SEP federal en la 4T con el ex titular Esteban Moctezuma Barragán, pese a que su dependencia generó la revuelta política de las juntas auxiliares, cuando –sin decir agua va- les quitó el control y, sobre todo, los recursos del registro civil a los ediles subalternos.
Así que la reapertura del caso Chalchihuapan no solamente serviría para hacer justicia por la muerte de un niño de 13 años, quien -en día (miércoles) y horario escolar – estaba en una protesta política a la que se suponía no tenía por qué ir, sino que también podría llevar a algunos ex funcionarios morenovalistas a rendir cuentas…por fin: https://desdepuebla.com/2018/
ROXANA LUNA Y ELIA TAMAYO, OBLIGADAS A RENDIR CUENTAS
Primero aliadas, compañeras y luego adversarias, la ex diputada federal y actual presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo y la mamá del menor fallecido, Elia Tamayo, también tendrían que explicar su participación antes, durante y después de Chalchihuapan: http://www.en-vivo.mx/2018/04/
En agosto del 2014, Luna Porquillo fue evidenciada en grabaciones cuando reconoció ser la instigadora de la protesta violenta en Chalchihuapan que –ante la mala preparación y actuación de la policía estatal-derivó en el homicidio de José Luis Tehuatlie y 50 lesionados entre uniformados y civiles: https://intoleranciadiario.
Aunque –a primera vista- es una de las principales víctimas de lo ocurrido ese 9 de julio del 2014, luego de la muerte de su hijo, Elia Tamayo tendría que explicar no solamente por qué rompió relaciones con la perredista Luna Porquillo, sino el motivo de que haya aceptado la indemnización del morenovallismo, a sabiendas de que con ello se daba por cerrado el caso y de que no estaba en prisión ninguno de los que cometieron dicha acción policíaca errada y represiva.
Claro que es totalmente creíble que el gobierno de Moreno Valle la haya presionado para que aceptara la indemnización (que era la tercera cláusula en la recomendación de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan). También es cierto que, a partir del 2019, cada año Elia Tamayo ha pedido la reapertura del asunto y que se castigue a los culpables de la muerte de su hijo: https://desdepuebla.com/2019/
Pero tampoco se puede soslayar que sí recibió una indemnización y que, con ello, permitió que el ex titular del Ejecutivo estatal y su grupo se desentendieran de lo ocurrido ese día en la carretera estatal Atlixco-Puebla km 14, pese a que desde siempre fue obvio que el morenovallismo alteró el lugar de los hechos, negó elementos de investigación e incumplió de manera flagrante al menos dos recomendaciones de la CNDH: Crear una fiscalía especial que llegara al fondo del tema Chalchihuapan y sancionar a Facundo Rosas, el ex secretario de Seguridad pública estatal ligado a Genaro Garcia Luna, Felipe Calderón, etc.
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