Como se ha dicho en este mismo espacio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tiene razón: Fue Manuel Bartlett quien le quitó al ayuntamiento de Puebla el control del agua convertir al Soapap en una entidad paraestatal, con el apoyo de su mayoría legislativa priísta poco antes de las elecciones locales intermedias de 1995. 

Y un exmandatario panista, Rafael Moreno Valle, se encargó de privatizar el agua en condiciones absolutamente ventajosas para la empresa beneficiada. Y lo hizo, desde luego, con la incondicionalidad de los diputados locales del PAN: https://desdepuebla.com/2022/07/10/miguel-barbosa-eduardo-rivera-soapap-moreno-valle-y-manuel-bartlett-como-las-manzanas-de-la-discordia/. 

Así que el reciente incremento del 4 y 7 por ciento aprobado por el Congreso local –con mayoría morenista- a lo que cobra a los ciudadanos la empresa Concesiones Integrales y/o Agua para Todos debe verse como algo global, aunque es innegable que a nadie nos gusta que eleven el precio de algo esencial, como el agua:  https://desdepuebla.com/2022/07/15/video-desde-puebla-pese-a-protestas-legislatura-local-avala-aumento-a-tarifas-de-agua/. 

La realidad es que Moreno Valle concesionó el agua de una forma tal, que volvió casi imposible revertirla, porque hacerlo implicaría un gran pleito legal y, también, el costo sería estratosférico para las finanzas de la entidad: https://desdepuebla.com/2019/10/30/agua-de-puebla-y-o-concesiones-integralesun-autentico-mal-necesario/. 

QUE NO OCURRA LO MISMO QUE CON EL INCREMENTO EN TRANSPORTE PÚBLICO 

Una vez que el Congreso local con mayoría morenista avaló el aumento de 4 y 7 por ciento a las tarifas de Soapap, con el respaldo de la mayoría de los diputados del PRI y PAN, el reto de los coordinadores parlamentarios, Sergio Salomón Céspedes, Jorge Estefan Chidiac y Eduardo Alcántara, respectivamente, tendría que ser vigilar que Concesiones Integrales no haga lo mismo que los transportistas. 

Al inicio del actual gobierno estatal, se avaló el incremento a las tarifas del transporte público, con la promesa de que se instalarían cámaras de seguridad, se modernizarían unidades y se mejoraría el servicio, lo que – desafortunadamente-no ha sucedido, en parte porque el ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, supuestamente prefirió corromperse y hacer negocio con los prestadores de este servicio, en lugar de vigilarles y obligarles a cumplir la ley:  https://desdepuebla.com/2022/03/07/vinculan-a-delito-a-guillermo-arechiga/. 

Así que ahora Sergio Salomón, Jorge Estefan Chidiac, Eduardo Alcántara y demás tendrán que pedir el apoyo de la administración estatal, para obligar a Concesiones Integrales a –ahora sí –acatar no solamente las condiciones pactadas para este incremento, sino, incluso, a las que se comprometió desde el 2015, cuando obtuvo este negocio y prometió revivir las plantas tratadoras de agua, mejorar el servicio y llevarlo a zonas donde no lo hay: https://desdepuebla.com/2022/07/15/en-beneficio-de-usuarios-congreso-del-estado-aprueba-estructura-tarifaria-para-servicio-de-agua-potable/. 

El “tarifazo” de Agua Para Todos no solamente sirvió para darle recursos a la empresa mencionada, sino que depuró los grupos políticos en el Congreso local. Así, se vislumbró que la fracción mierista (Nacho Mier Velazco) en el Congreso del estado, que en un principio estaba formada por 4 diputados: Daniela Mier, Iván Herrera, Édgar Garmendia y Carlos Evangelista, ahora parece que se quedó con dos, ya que solamente Daniela e Iván se opusieron al incremento, junto a otras dos diputadas morenistas, Eliana Angélica Cervantes y Yolanda Gámez y al panista Rafael Micalco. 

ENTRE TARIFAS Y CULPAS 

Los que se abstuvieron de aprobar o rechazar el incremento a las tarifas de Agua Para Todos fueron las panistas Mónica Rodríguez, Guadalupe Leal, Nancy Jiménez y el diputado del PT, Mariano Hernández. Este contexto refleja que solamente la fracción parlamentaria del PRI mantuvo una posición cohesionada, porque sus 6 integrantes votaron a favor del aumento, mientras que panistas y morenistas asumieron posiciones divididas. 

Sin duda, si hay una empresa repudiada, rechazada y estigmatizada es Concesiones Integrales, no solamente por hacer negocio de un satisfactor humano básico, como el agua, sino también porque nunca se ha tomado la molestia de explicar que es el gobierno federal el que cobra este servicio a los ayuntamientos y concesionarios (como el Soapap) a través de la Comisión Nacional de Agua (CNA). 

Mucho más preocupada por cobrar a los pocos usuarios que sí pagan y cortar tomas de agua a quienes se dejan, en lugar de intentar legitimarse y explicar su funcionamiento a los usuarios, Agua Para Todos nunca ha explicado que la federación ha elevado cada año el precio del servicio de acuerdo a la inflación, con el respaldo de los legisladores de Morena. 

Incluso, los directivos del Soapap jamás se han tomado la molestia de decirle a la gente que el agua es de la nación, incluido en derechos federales reconocidos en leyes y que extraerla lleva un costo, que depende de su origen y circunstancias específicas, porque no es lo mismo extraerla de lejos que de pozos cercanos al lugar del sistema operador o de redes muy antiguas con fugas, como ocurre en Puebla. 

De hecho, uno de los principales problemas de Concesiones Integrales consiste en ser una empresa muda, sorda, que solamente aparece en coyunturas financieras, pero que –para desgracia de los poblanos- maneja una necesidad humana generalizada, como es el agua:  https://desdepuebla.com/2022/07/08/ajuste-tarifario-solo-del-4-para-colonias-vulnerables-soapap/.