Cuando el narco infiltró a la PGJE
La declaración de culpabilidad de Genaro García Luna, en la Corte de New York, es el fiel reflejo del alto nivel de infiltración del crimen organizado, en las corporaciones de seguridad de México.
Y confirma que jefes policiacos, quienes deben proteger a la población, acaban al servicio de las mafias delictivas, principalmente del narcotráfico.
Lo grave es que el problema no viene del sexenio del panista Felipe Calderón, sino de mucho tiempo atrás, involucrando a gobiernos de todos colores.
El juicio a García Luna en Estados Unidos, volvió a sacar a la luz a Edgar Enrique Bayardo del Villar, ex subprocurador de justicia de Tlaxcala.
Y nos recordó el sexenio perredista de Alfonso Sánchez Anaya, cuando la PGJE estuvo infiltrada por dos personajes vinculados con el narco.
Edgar Enrique Bayardo del Villar, fungió de 1999 a 2003, como subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y Eduardo Osorno Lara, como director de la Policía Judicial.
Fue un sexenio donde proliferaron los secuestros en el estado, algunos atribuidos a la banda de los Bayardo, comandada por un primo del subprocurador de Tlaxcala.
Reportes de inteligencia aseguran que el gobernador Alfonso Sánchez Anaya fue advertido de los antecedentes de los dos funcionarios, pero no hizo nada.
Después, Bayardo del Villar formó parte de la Policía Federal, donde se supo que lograba los ascensos tras el pago de 500 mil dólares del Cartel de Sinaloa.
El ex subprocurador de Tlaxcala trabajaba directamente con el Rey Zambada, con la función de alertarlo sobre los operativos de la PFP, en su contra, y detener a sus enemigos.
En diciembre de 2009, Bayardo fue ejecutado en una cafetería de la colonia Del Valle de la Ciudad de México, por traicionar al clan del Mayo Zambada.
Osorno Lara, por su parte, tuvo un rol más discreto, pero a su llegada a Tlaxcala como director de la Judicial, ya traía un largo expediente criminal.
Fue involucrado como mediador de una cumbre entre los poderosos narcotraficantes Amado Carrillo "El Señor de los Cielos" y los hermanos Arellano Félix, para pactar acuerdos.
Entonces se desempeñaba como comandante de la PGR, de donde fue despedido por su relación con cárteles de la droga, sobre todo el de Tijuana.
En el oficio 695-99 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha 11 de junio de 1999, se declara a Osorno Lara "no recomendable su admisión en áreas de seguridad pública".
Aún así, Tlaxcala lo arropó y le abrió la puerta de la PGJE. Entonces es aquí, donde surgen varias preguntas:
¿Por qué se empeñó el gobernador Alfonso Sánchez Anaya, en mantenerlos en sus cargos, pese a sus oscuros antecedentes?
¿Si el Cártel de Sinaloa pagaba por los ascensos de Edgar Enrique Bayardo, también compró el cargo que ocupó en Tlaxcala?
Por algún tiempo se responsabilizó al entonces procurador Eduardo Medel, hoy cercano al senador Ricardo Monreal, pero ya se sabe que esos nombramientos los hace y palomea el gobernador.
Si esto ocurre en Tlaxcala, que se supone es uno de los estados más seguros del país, ya se imaginarán como se encuentran, infestadas de delincuentes, las policías de otros estados.
Lo más grave de todo, es que en la era de la 4T, la delincuencia organizada opera a sus anchas en procesos electorales, para imponer gobernadores y presidentes municipales.
Tan solo el pasado domingo, se realizó una elección extraordinaria en Tamaulipas, para elegir un senador, la cual será impugnada porque los opositores aseguran que el narco operó a favor de Morena.
Así de grave está la situación en México.
victortamayo5@hotmail.com
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