Avanza iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en Comisión de Puntos Constitucionales

Avanza iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en Comisión de Puntos Constitucionales

La Iniciativa que busca garantizar una protección más amplia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento del principio del interés superior de la niñez y de los tratados internacionales en la materia, avanza con la aprobación unánime del dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado durante sesión celebrada en el Salón Rojo del Congreso.

 

La propuesta iniciada por la diputada Lorena Ruiz García armoniza la legislación estatal con la normativa federal en materia de violación equiparada y estupro, elevando la edad de protección de los 14 a los 18 años para la violación equiparada y estableciendo el rango de 15 a 18 años para el delito de estupro, considerando los contextos de seducción, engaño o abuso de poder.

 

Con esta reforma, se busca reducir la vulnerabilidad de los menores ante situaciones de violencia sexual, evitar que su consentimiento sea cuestionado o manipulado, y consolidar una legislación que refleje el compromiso de Tlaxcala con los derechos humanos y los principios de progresividad y no regresividad.

 

Durante la sesión, la diputada Maribel León Cruz reconoció a la diputada Lorena Ruiz por su compromiso con la protección de los más jóvenes, reconocimiento al que se sumaron los diputados Jaciel González Herrera, Vicente Morales Pérez y David Martínez del Razo; por su parte, la diputada Lorena Ruiz agradeció el respaldo de sus compañeras y compañeros legisladores, asegurando que armonizar las leyes locales con las federales fortalecerá el Estado de Derecho y permitirá proteger de mejor manera la integridad física, mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes en Tlaxcala.

 

Tras la aprobación unánime del dictamen, se instruyó que fuera remitido a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política para continuar con el debido proceso legislativo.