En lo que va de la emergencia sanitaria, el Estado de Tlaxcala se ha distinguido por contar con mecanismos para contener los efectos negativos en la salud y la economía de la población.
El gobierno estatal creó el Fondo de Emergencia contra Covid-19, por 50 millones de pesos; el Fondo de Apoyo Temporal para Personas Contagiadas, por 10 millones de pesos; y el nuevo componente “Supérate Mujeres”, por 140 millones de pesos.
También, determinó posponer tres meses los pagos del Impuesto Sobre Nómina, para diferirlos entre julio y diciembre de 2020, y eliminó el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, de abril a diciembre de 2020.
Además, creó el Fondo para la Protección del Empleo y el Ingreso de las Mipymes, por 50 millones; el fondo de 10 millones para el sector turístico, y una bolsa de 115 millones de pesos para que negocios y comercios accedan a créditos en bancos, con garantía de Nacional Financiera.
Como vemos, la administración que encabeza el Gobernador Marco Mena ha dado prioridad al cuidado de la salud, y a la protección de la economía estatal, y en esta última vertiente debemos incluir la reciente firma del convenio con el Infonavit para establecer las bases de colaboración y coordinación para reactivar la industria de la construcción e impulsar la colocación de créditos entre los derechohabientes en el estado.
La reactivación de la economía del país es una tarea conjunta en la que los tres niveles de gobierno deben estar coordinados, y así se demostró en Tlaxcala, donde la simplificación de procesos permitirá, precisamente, la agilización de trámites requeridos por el acceso a viviendas de interés social, por parte de trabajadores de bajos ingresos.
Con base en este convenio, se otorgarán facilidades y descuentos en el pago de derechos e impuestos estatales, y se llevará a cabo la promoción y difusión de la estrategia de regularización de escrituras y del programa Responsabilidad Compartida, lo que estimulará el desarrollo habitacional y reactivará a la industria de la construcción estatal.
Esto es muy importante, ya que la industria de la construcción está vinculada con otras ramas económicas, como la acerera, vidriera y la cementera, de ahí que la cadena de suministros de este sector recibirá un impulso positivo.
Por su parte, las y los trabajadores que ganan menos de 2.8 UMAs tendrán asegurado el derecho a una vivienda adecuada, con una ubicación más cercana a los centros de trabajo y a servicios públicos, en aras de mejorar la calidad de vida de las familias.
Para ello, se establecerá un esquema de aportaciones para generar subsidios dirigidos a los derechohabientes de menores ingresos, y se establecerá un mecanismo de coordinación que facilite el acceso de acreditados registrados en el Régimen Especial de Amortización (REA), es decir, aquellos que perdieron su empleo y pagan por su cuenta su crédito, a programas de fomento al empleo y bolsas de trabajo del estado.
Resulta significativo que las autoridades estatales y federales encuentren estos puntos de coincidencia para favorecer que la reactivación del aparato económico, en beneficio de los trabajadores y sus familias.

Esperemos que, bajo estas condiciones, el trabajo del gobierno estatal y el Infonavit contribuya a reducir el impacto desfavorable de la crisis económica generada por la contingencia sanitaria.

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