La voz que se cansó de callar

Dicen que el poder se mide por lo que se puede esconder.

Pero el país ya no está tan dormido.

Esta semana, los comités ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) decidieron romper el silencio y presentaron ante el Senado una solicitud formal para que se investiguen las presuntas incongruencias patrimoniales y fiscales del senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y una de las figuras más cercanas al presidente López Obrador.

No es poca cosa.

Los comités esa parte ciudadana del SNA que suele pasar desapercibida entre tecnicismos y siglas se plantaron frente a la Cámara Alta con una exigencia que huele a dignidad: que nadie, por poderoso que sea, quede fuera del escrutinio.

El Sistema Nacional Anticorrupción nació de una reforma constitucional que buscaba coordinar instituciones federales, estatales y municipales para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

En teoría, es la gran sombrilla institucional que impide que el dinero público se derrita en los bolsillos del poder: ahí están la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y sobre todo, el Comité de Participación Ciudadana, el alma vigilante del sistema.

Sin embargo, hasta hace poco ese comité era como una radio con volumen bajo: existía, pero pocos lo escuchaban.

Hoy, su voz suena más fuerte que nunca.

De acuerdo con El País (21 de octubre de 2025), las declaraciones patrimoniales del senador presentan una reducción de casi 30 millones de pesos en apenas cinco años. En registros anteriores, Adán Augusto había reportado múltiples propiedades y bienes; en las versiones más recientes, esos activos prácticamente desaparecieron.

Los comités ciudadanos del SNA enviaron oficios al Senado, al SAT, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República para que se investigue la posible falsedad u omisión en dichas declaraciones.

La presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, denunció además haber recibido presiones y amenazas por impulsar la revisión.

El senador, por su parte, respondió que todo está en regla y que la solicitud “es una campañita con trasfondo político” (El Financiero, 21 de octubre de 2025).

Entre el fuero y la conciencia

Aquí entra el verdadero dilema: ¿qué tan fuerte es el sistema anticorrupción cuando uno de los suyos es señalado?

Porque si el Senado se convierte en escudo, el mensaje será claro: el fuero sigue siendo sinónimo de impunidad.

Pero si deja actuar a las instancias de control, México podría estar presenciando algo inédito: que la rendición de cuentas ya no dependa del humor político, sino del deber público.

Y más allá del expediente, lo trascendente es el símbolo.

Por primera vez, los ciudadanos dentro del sistema los mismos que antes parecían espectadores hablan de tú al Senado.

Ya no desde la protesta callejera, sino desde los propios mecanismos institucionales.

Eso, en sí, es una forma de despertar cívico.

Cuando los comités ciudadanos del SNA levantan la voz, no sólo denuncian un posible caso de corrupción; anuncian que la paciencia del pueblo tiene límite.

Esa voz, tantas veces desoída, ahora suena como el eco de un país que aprendió a leer los números detrás del discurso.

El sistema que alguna vez fue visto como burocrático o inofensivo se ha convertido en el nuevo altavoz de la sociedad civil.

En un país acostumbrado a que los grandes nombres floten por encima de la ley, esto no es un gesto menor.

Es el recordatorio de que la impunidad también se combate con papeles, con oficios, con firmas y con valor.