Con la novedad que el Congreso de Tlaxcala está a punto de cometer otra pifia política, al someter a juicio político a la Presidenta Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Es cierto, a Marlene Alonso Meneses le encontraron irregularidades en el ejercicio de su función, como abuso de poder, incumplimiento de obligaciones y despidos injustificados.

Sin embargo, esas faltas son menores a las de los comisionados Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales, promoventes de la denuncia, quienes usurparon funciones durante la crisis en el IAIPT.

Aquí la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia y Desafuero de Munícipes, parece estar actuando parcialmente y con fines políticos, pues lo ideal sería medir con el mismo rasero a los tres comisionados.

Sobre todo porque al iniciar el procedimiento de juicio político en contra de la presidenta del organismo autónomo, dejó al margen a quienes causaron la crisis de legalidad y sumieron al IAIPT en el descrédito público.

Sin dejar de reconocer que Alonso Meneses cometió una serie de errores, también se debe tomar en cuenta que fue víctima de violencia de género por parte de sus pares en ese organismo autónomo.

No en balde algunas instancias como el Poder Judicial y la anterior legislatura respaldaron su gestión y obligaron a los comisionados rebeldes a mantener el orden, lo que hicieron  medias porque jamás se presentaron a las sesiones convocadas.

Lo que significa que todos incumplieron con el desarrollo de sus funciones, por lo que se les debería aplicar el mismo rasero a los tres. O todos coludos o todos rabones.

Queda claro que el inicio de juicio político no es concluyente, pues falta la defensa jurídica que implementará Alonso Meneses, donde incluso puede ganar y dejar mal parado a los diputados locales, pues la violencia de género es tan real, que se puede documentar.

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