En democracias incipientes, los grupos minoritarios tienen como instrumento de lucha la protesta. Esta puede verse desde dos ángulos: como un legítimo derecho fundamental previsto en la Constitución, o como un acto de criminalización, si es que la misma se realiza utilizando la violencia, profiriendo injurias o amenazas contra la autoridad.

México, a lo largo de su historia se ha visto envuelto en este tipo de manifestaciones, donde ha sido común ver a grupos de izquierda o radicales manifestarse en contra del gobierno en turno. Actualmente no sólo este sector utiliza su derecho legítimo para manifestarse, sino que, recurren a tal tipo de expresión grupos de izquierda, derecha, conservadores, abortistas, antiabortistas, progresistas, ambientalistas etc.

Para colmo, el resultado siempre ha sido el mismo, la represión y la violencia policial en contra de los manifestantes; o el silencio u la omisión en el mejor de los casos a sus reclamos.

Lo anterior, viene a colación en virtud de que este dos de octubre se cumplen cincuenta y dos años de la mayor represión que se haya tenido en la historia de México, en contra de estudiantes, académicos y personas digna de su trabajo y de sus ideales. Una juventud revolucionaria de su época que sólo buscaba mejorar sus condiciones de vida, ante ello recibieron plomo y violencia.

La historia es la misma, al momento no hay responsables de esa masacre. El Presidente Gustavo Díaz Ordaz, sólo espetó al término de su gestión que: - “se iba con la conciencia tranquila, y que fuera el pueblo quien lo juzgara”. Justificó la violencia como una medida para mantener la paz. Sin responsables ante la justicia mexicana, terminó este episodio negro de México. Lo más lamentable que no se conoce ni siquiera la cifra exacta de muertos y desaparecidos. Se habla de 78 muertos, 186 lesionados y mil 491 detenidos, así como unos 31 desaparecidos; pero sólo son estimaciones que académicos y estudiosos de esta etapa han tratado de documentar. La autoridad ha preferido el silencio ante el tema.

Si bien, los estudios nos dicen que dicha etapa marcó un antes y un después en la vida política del país. Y que, gracias a este movimiento, hoy tenemos la democracia que nos caracteriza. Parece que esta tesis se tambalea.

Apenas este veintiséis de septiembre se cumplieron seis años de otro episodio que cimbró al sistema político mexicano. La desaparición de cuarenta y tres normalistas que precisamente, en su rebeldía que caracteriza a la juventud, se alistaban a asistir a conmemorar: “el dos de octubre no se olvida”. Sin saber que su destino estaba marcado para convertirse en una cifra más de estos hechos abominables que caracterizan al régimen mexicano.

A seis años de distancia, los resultados son los mismos, un sistema de impartición justicia negligente e ineficaz para investigar delitos de lesa humanidad. Tesis contradictorias en la investigación, una “verdad histórica” que se desmoronó por no tener sustento científico en su indagación. Y cuarenta y tres familias que viven en la desesperanza, y una sociedad que pide se haga justicia.

Bajo este lamentable suceso que marcó su gestión; el Presidente Peña Nieto entregó la estafeta, defendiendo su verdad. Esa verdad que actualmente sabemos tiene a uno de los principales creadores a salto de mata, Tomas Zerón de Lucio, el súper policía favorito del sexenio que junto con su superior jerárquico Jesús Murillo Karam, construyeron esa hipótesis.

Pero ningún gobierno se salva de la acción de este derecho tutelado en la Constitución, actualmente los colectivos de feministas, y de grupos que exigen un alto a la violencia en el país, han hecho uso de ese mecanismo ante los mismos resultados; la inacción, la omisión e indiferencia. Si bien, la quema y pinta de instituciones no debe tolerarse, lo que viven estos colectivos es la impotencia de ver que sus reclamos son ignorados, y que gobiernos van y seguirán arribando, pero las soluciones son puro discurso, los males continúan y cada vez peor.