Distintos procesos legales, pero misma IMPUNIDAD: En la misma semana, el Poder Judicial de QUINTANA ROO y el federal liberaron –o cambiaron las medidas cautelares – a los únicos dos acusados de participar en el caso Lydia Cacho que todavía seguían en prisión, el “Góber Precioso”, Mario Marín Torres y su ex titular de la Policía Judicial y ex secretario de Seguridad Pública, Adolfo Karam Beltrán.

¿Es casualidad que en apenas 4 días el presunto aparato de justicia quintanarroense haya sacado de la cárcel a tan “finos” ex ALTOS y PODEROSOS funcionarios públicos de Puebla?. Solamente lo saben a ciencia cierta en el juzgado tercero de distrito federal de dicho estado, que liberó al ex subsecretario de Seguridad Público y la jueza Angélica Ortuño Suárez (así, con nombre y apellido, también de Quintana Roo): https://desdepuebla.com/2024/08/10/490057/.

Lo que queda claro es la APLASTANTE IMPUNIDAD que el Poder Judicial federal y el de Quintana Roo dieron y de la que gozarán, a partir de la semana pasada, a los ÚNICOS ex funcionarios públicos, políticos poblanos y presuntos participantes en el brutal ataque a la activista en derechos humanos Lydia Cacho presos: https://desdepuebla.com/2024/08/07/juez-federal-cambia-medidas-cautelares-a-karam-beltran-sale-de-prision-y-enfrentara-a-la-justicia-desde-casa/.

Otro de los involucrados en este caso, la mano que meció la infame cuna en 2005, el ex rey de la mezclilla, Kamel Nacif Borge, es primo y tío de dos ex gobernadores de dicha entidad, Miguel Borge Martín y Roberto Borge Angulo, respectivamente, lo que explica la INSULTANTE IMPUNIDAD de que gozan sus presuntos cómplices y él mismo: https://desdepuebla.com/2021/09/24/lydia-cacho-promueve-amparo-ante-exoneracion-de-kamel-nacif-y-vuelve-a-arremeter-contta-el-aparato-de-justicia/.

MUJERES CONTRA MUJER

Pero la tortura y violación a los derechos humanos de Lydia Cacho no solamente fue un ataque “patriarcal” contra la fémina que denunció la pedofilia de políticos y empresarios poderosos, también se convirtió en un atentado de varias mujeres EMPODERADAS, que no tuvieron el mínimo empacho en confabularse contra su mismo género.

Sí, Adolfo Karam Beltrán era el director de la Policía Judicial de Puebla cuando la corporación le dio el “coscorrón” a Lydia Cacho, pero la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) estaba en manos de Blanca Laura Villeda, quien PERMITIÓ el atentado y también permanece ABSOLUTAMENTE IMPUNE, pese a éste y otros escándalos, como el hecho de que - cuando encabezaba dicha dependencia- tuvo como guardaespalda a Manuel Antele Velasco, el “Z13”, líder de Los Zetas y presunto dueño de la “plaza” en la entidad: https://www.noroeste.com.mx/buen-vivir/escapa-operador-del-cartel-del-golfo-en-puebla-HDno98845.

En el sector público, lo último que se supo de Blanca Laura Villeda es que duró apenas unos días como juez penal en Huejotzingo en 2014, porque su pasado la alcanzó, ya que –según E Consulta- tuvo que renunciar ante la posibilidad de que fuera acusada de liberar a dos ex policías acusados de secuestrar y asesinar a un empresario de Atlixco en 2008: https://www.e-consulta.com/nota/2014-01-31/seguridad/renuncia-blanca-laura-villeda-al-cargo-de-juez-de-huejotzingo.

También en el basurero de la historia reciente del estado y, especialmente, de todo el sector judicial quedó Rosa Celia Pérez González, la ex jueza que giró la orden de aprehensión contra Lydia Cacho, aunque –en 2020- fue incluida por el ex gobernador Luis Miguel Barbosa en la lista de presuntos candidatos a encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE): https://lahoguera.mx/jueza-que-encarcelo-a-lydia-cacho-en-las-propuestas-para-dirigir-fge/#google_vignette.

AFERRADA AL PODER Y LA PROTECCIÓN DEL CARGO

Además de IMPUNE, Pérez González era una CONSENTIDA de las instancias judiciales de Puebla, Tlaxcala, etc, que, incluso, la invitaban a impartir cursos sobre el procedimiento penal acusatorio, como hizo el Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala en agosto del 2020: https://www.tlaxcaladigital.com/tag/rosa-celia-perez-gonzalez/

Apenas el 6 de junio pasado, el columnista Fermín Alejandro García, de La Jornada de Oriente, señaló que Pérez González es una de las 10 jueces mayores de 70 años a quienes el Consejo de la Judicatura intenta retirar, pero que –aferrada al poder y la protección del cargo- se niega a hacerlo y solicitó un amparo para evitarlo: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/obligan-a-10-jueces-a-jubilarse-a-la-fuerza-se-van-al-amparo/.

Antes, en 2020, fue acusada de liberar a narcotraficantes al desechar la evidencia contra Alfredo Ramírez, delegado regional de la secretaría de Bienestar detenido por la Guardia Nacional en posesión de armas y droga. Esta decisión le valió a Pérez González una queja formal ante el Consejo de la Judicatura y demostró el peculiar criterio de “justicia” de esta mujer, que no dudó en exonerar a un presunto narcomenudista y que fue capaz de girar orden de aprehensión contra una mujer que se “atrevió” a exhibir el gravísimo problema de pederastia de políticos y empresarios poderosos: https://cronicapuebla.com/metropolis/juezas-quebrantan-bases-de-sistema-penal.

Más allá de la condena pública que les generó el brutal ataque Lydia Cacho, lo cierto es que la excarcelación de Mario Marín y Adolfo Karam no solamente ratificó la podredumbre del poder judicial, sino que también demostró que, incluso en la época de la 4T, ya que desde 2022 Quintana Roo está en manos de la gobernadora morenista Mara Lezama, la IMPUNIDAD de políticos y poderosos goza de cabal salud: https://desdepuebla.com/2024/02/27/caso-lydia-cacho-la-caja-de-pandora-que-puede-terminar-de-reventar-a-la-oposicion/.