Les cuento que a unos días de que asuma el cargo de coordinadora estatal de programas federales, Lorena Cuéllar Cisneros, ya tiene la espada desenvainada.

El viernes pasado, la todavía diputada federal, quien se resiste a pedir licencia porque quiere estar presente en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, como Presidente de México, volvió a hacer de las suyas.

Sin presentar pruebas ni nombres de los corruptos, reveló que delegados federales malversaron recursos públicos, según las investigaciones que les practicaron.

Dijo que se detectaron compras y rentas de computadoras hasta en un millón de pesos, subastaron vehículos oficiales en buen estado y dejaron inventarios incompletos.

Graves los señalamientos que hizo Lorena Cuéllar, pero lo más grave es que no presente nombres de los delegados que abusaron del cargo, pues el sospechosísmo recae sobre todos.

Ya se ha vuelto costumbre que la diputada federal lance acusaciones al aire, por su proclividad a acaparar reflectores mediáticos, pero el asunto de la presunta corrupción en delegaciones, no es un asunto menor.

Su deber no sólo es ponerle nombre y apellido a quienes abusaron del cargo, sino presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Aunque no sabemos el rumbo que puedan tener sus acusaciones, si tomamos en cuenta que para Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción empezará el 1 de diciembre próximo.

Y eso significa que habrá borrón y cuenta nueva para casos que se hayan presentado antes de que asuma el cargo como Presidente de México.

Aunque en realidad, ya no se sabe que va a pasar el próximo sexenio, por  el doble discurso del próximo gobierno federal morenista, que está como la chimoltrufia: un día dice una cosa y al otro día otra.

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