Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T

Vicente Morales Pérez

La democracia no se agota en las urnas. Votar es un acto fundamental, pero no suficiente para garantizar que el poder público responda, de manera permanente, a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. En una sociedad cada vez más informada y participativa, la democracia exige mecanismos que permitan a las personas involucrarse de forma directa en las decisiones públicas. En este contexto, el parlamento abierto se presenta como una herramienta clave para fortalecer la vida democrática y devolver al Poder Legislativo su esencia representativa.

El parlamento abierto parte de una idea sencilla pero profunda: las leyes no deben construirse a espaldas de la gente. Desde una perspectiva democrática, implica abrir los procesos legislativos a la deliberación pública, permitir que la ciudadanía opine, proponga y dialogue con sus representantes, y garantizar que esas voces tengan impacto real en el contenido de las normas. No se trata sólo de transparencia informativa, sino de participación sustantiva. Cuando el Congreso escucha, la ley gana legitimidad; cuando la ciudadanía participa, la democracia se fortalece.

Desde el punto de vista jurídico, el parlamento abierto encuentra sustento en los principios constitucionales de soberanía popular y participación ciudadana. La Constitución reconoce que el poder dimana del pueblo y que su ejercicio debe orientarse al bienestar general. Bajo esa lógica, abrir el proceso legislativo no debilita la representación, sino que la complementa. La democracia representativa y la democracia participativa no se excluyen; se refuerzan mutuamente.

En días recientes, presenté el tema del parlamento abierto en la máxima tribuna de nuestro estado. La presentación de una iniciativa de ley en esta materia marca un momento relevante para la vida pública local. No se trata de un pronunciamiento simbólico, sino de una propuesta concreta para institucionalizar la participación ciudadana en el trabajo legislativo. Convertir el parlamento abierto en una obligación legal significa reconocerlo como un derecho de la ciudadanía y no como una práctica discrecional.

El valor político de este paso es evidente. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo un desafío, abrir el Congreso a la ciudadanía contribuye a reconstruir la confianza pública. Cuando las personas conocen cómo se toman las decisiones, por qué se adoptan ciertas posturas y cómo pueden incidir en ellas, el ejercicio del poder se vuelve más transparente y responsable. La rendición de cuentas deja de ser un discurso y se convierte en una práctica cotidiana.

Para el proyecto de transformación que impulsa MORENA, el parlamento abierto tiene una coherencia natural. Gobernar y legislar con el pueblo no es una consigna, sino un principio. Impulsar mecanismos de participación ciudadana en el Congreso local es una forma concreta de honrar ese compromiso. Significa reconocer que la transformación no se decreta desde arriba, sino que se construye desde abajo, con la participación activa de la sociedad.

En Tlaxcala, el parlamento abierto adquiere una dimensión particular. Abrir el Congreso a esa pluralidad de voces permite enriquecer el debate legislativo y mejorar la calidad de las leyes. Las normas que surgen del diálogo social tienden a ser más claras, más justas y más eficaces.

Desde luego, el parlamento abierto también implica retos. Requiere reglas claras, metodologías adecuadas y voluntad política para evitar la simulación. No basta con convocar a foros; es necesario garantizar que las opiniones ciudadanas sean escuchadas, sistematizadas y, cuando sea posible, incorporadas al trabajo legislativo. Sin embargo, estos retos no invalidan el modelo; al contrario, subrayan la necesidad de asumirlo con seriedad y responsabilidad.

Abrir el Congreso es, en el fondo, una apuesta por una democracia más cercana, más dialogante y más legítima. Es reconocer que la ley no es un producto exclusivo de los representantes, sino una construcción colectiva. Llevar el parlamento abierto a la tribuna y traducirlo en una iniciativa de ley es un paso firme hacia un Poder Legislativo más transparente y más conectado con la ciudadanía. En tiempos de cambio, fortalecer la democracia pasa, necesariamente, por escuchar al pueblo y legislar con él, no sin él.

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