En México tenemos una población de cerca de 132, 27 millones de habitantes. De estas solo 98 millones 329 mil 591 personas pueden ejercer su derecho a voto. De acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por el INEGI.

En este mismo sentido cada año ingresan aproximadamente 1 millón 473 mil 133 de asuntos al Poder Judicial de la Federación. En tanto cerca de otros 2 millones 154 mil 768, son asuntos que se interponen ante los poderes judiciales estatales. De acuerdo a los datos que obran de 2023 y 2022 respectivamente en el INEGI.

Lo anterior viene a colación, toda vez que México ha mostrado una apatía al momento de ejercer su derecho al voto. En la pasada elección solo el 61.04%, asistió a las urnas en una de las elecciones considerada la más grande de la historia contemporánea. Los estudios demoscópicos muestran que la asistencia o inasistencia a este evento cívico, esta supeditado en gran medida por el interés de quien nos va representar en determinado cargo popular.

Así mismo, se estima que de los impuestos que aportamos cada uno de los ciudadanos de este país, se van a destinar cerca de 13 mil millones de pesos para la elección de los togados federales en junio de 2025. Sin contar el derroche que los estados harán en este mismo sentido.

Si vemos las estadísticas, podemos obtener un aproximado que solo la población cerca de un 5 a 10 % tiene algún asunto ventilando ante un órgano jurisdiccional local o federal.

Más allá del debate de la crisis constitucional que tiene en vilo a los ministros de la SCJN con el Poder Ejecutivo y Legislativo, -y sin ánimos de defender a los togados-, que hay que decirlo en el pecado llevaron la penitencia, al convertirse en una “burocracia dorada”, alejada por mucho tiempo de la realidad social que vive el país, y vivieron en su zona de confort con buenos salarios, prestaciones y demás enseres que les hacia la vida apacible.

Eso ya ha quedado en el pasado, ahora la realidad es está. Se tendrán unas elecciones donde sin ser gurú, se puede predecir un gran abstencionismo. Y donde los partidos que conforman el bloque oficialista se servirán con la cuchara grande. Además de la intromisión de otros poderes facticos como la delincuencia organizada o corporativos económicos, que ven en este bodrio constitucional, la oportunidad para tener juzgadores a la medida.

La suerte está echada, lo que nos queda a este gran país, es esperar y ver que la reforma no va funcionar, así sucedió en Bolivia, donde solo dos elecciones para elegir a jueces se han llevado a cabo, la tercera votación esta en el limbo, y es precisamente la apatía del elector la que no ha permitido que opere este sistema de elección en el poder judicial.

No esperemos cosas nuevas. La corrupción no se va terminar en esa instancia, ni el nepotismo, la componenda y el amiguismo, por desgracia solo se estarán oficializando estos lastres sociales con esta reforma, sino al tiempo. Lo único, es que los rostros de quienes impartirán justicia, será nuevos, pero quizá con mañas más sofisticadas.

Los estudios nos demuestran que el derecho de acceso a la justicia, es uno de los temas que menos importa a la sociedad, salvo cuando se esta en presencia de un conflicto que directamente nos involucre. Por ello, la lucha de los servidores jurisdiccionales no ha tenido eco en el colectivo social, pues es un tema que al ciudadano no le interesa, salvo cuando presenta un conflicto ante una instancia de esta naturaleza. Es una lucha que considera no es la suya.