(Eduardo Martínez) Una red de extorsión, amenazas de muerte y abusos sistemáticos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala ha sido denunciada por el recluso Ventura N, quien ha roto el silencio desde el encierro. 

Sus acusaciones apuntan directamente a mandos penitenciarios y a una estructura de corrupción que, según él, opera con total impunidad.

La denuncia formal, presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 12 de junio, detalla que Ventura ha sido víctima de extorsiones por parte de los comandantes Aristóteles O. y Elionaid P. 

A cambio de no ser castigado con reportes falsos o aislamiento, el reo era presuntamente obligado a pagar entre 2,500 y 3,500 pesos mensuales para conservar su trabajo en el taller de pinzas.

Ventura afirma que, si se negaba a pagar, los comandantes lo amenazaban con "pasarle lo mismo que a 'la yegua'", un interno que apareció colgado en el penal de Apizaco.

A la denuncia se suma una queja interpuesta por la esposa de Ventura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), donde detalla un patrón de maltrato físico y psicológico, amenazas de muerte y traslados arbitrarios. La cónyuge asegura que su esposo teme por su vida y que la represión ha aumentado desde que decidió denunciar.

Un video grabado desde el interior del penal y con fecha del 31 de julio, también forma parte del acervo probatorio. En él, presuntamente se exponen robos, golpizas y hasta asesinatos como métodos de control.

Tras hacer públicas sus acusaciones, Ventura fue removido, se le retiraron sus pertenencias y fue trasladado al penal de Apizaco sin notificar a su familia. La esposa del reo denuncia que los comandantes la amenazaron directamente, advirtiéndole que su esposo "sufriría un accidente" y que "ya sabían cómo hacerlo parecer natural".

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, anunció que ha iniciado los procedimientos internos necesarios y recaba la información que permita determinar la veracidad de las presuntas acusaciones.

Por su parte, la Dirección de Prevención y Reinserción Social determinó aplicar una medida de vigilancia especial a la persona privada de la libertad (PPL), con base en el artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de proteger su integridad física, toda vez que, a su llegada al Cereso de Apizaco, ha presentado conflictos con otros PPL`s.