En Tlaxcala capital, el silencio de la razón puede ser más peligroso que el ladrido más fiero. 

La capital tlaxcalteca, así como varios municipios del estado, arrastran desde hace mucho un problema que todos vemos, pero que pocos quieren enfrentar con objetividad, los perros en situación de calle. Algunos los ven como víctimas indefensas, otros, como una amenaza creciente, pero entre ambas posturas, la realidad se vuelve más compleja que un simple “pro animal” o “pro humano”.

No podemos cerrar los ojos e ignorar los hechos. Pongámonos en contexto, en febrero de este año, nueve canes fueron aparentemente envenenados en Santa Ana Nopalucan, despertando la indignación social y la furia de los animalistas, pero apenas en mayo, a una niña que comía helado en el Parque Xicohténcatl en la capital, los perros callejeros se le abalanzaron y uno de ellos la mordió.

A estos hechos se le suma el de hace unos días, un hombre que salió a correr fue brutalmente atacado por una jauría de caninos en Contla de Juan Cuamatzi dejándolo moribundo.

¿Se imagina usted ser atacada o atacado por un perro iracundo hasta el punto de casi quitarle la vida?

Los casos existen y crecen, el riesgo para la ciudadanía está latente. Sin embargo, cuando el gobierno intenta actuar, como el pasado 5 de agosto, retirando 14 perros del primer cuadro de la capital, se encuentra con un muro, activistas que acusan maltrato y exigen que no se toque a los animales.

Es aquí donde surge la pregunta engorrosa, ¿hasta dónde la defensa de los animales puede o debe estar por encima de la vida humana? El gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, no solo de los delincuentes que intentan asaltarlos, que les roban sus vehículos o de las tormentas que causan estragos en sus bienes, también se encargan de actuar ante riesgos sanitarios y de ataques que pueden costar vidas, pero no es el único responsable.

Detrás de cada perro callejero hubo alguna vez un dueño inconsciente que lo abandonó, lo dejó sin alimento o no lo vacunó. La raíz del problema está tanto en la negligencia ciudadana como en la limitada capacidad de las autoridades para prevenir y sancionar.

El debate en redes sociales se enciende cada vez que se retiran perros de la calle, pero rara vez se habla con igual pasión sobre la responsabilidad de quienes los abandonan o sobre la necesidad de encontrar soluciones sostenibles, como campañas masivas de esterilización y adopción responsable.

Estimados lectores, lo que es una verdad es que este tema nos divide como sociedad, y lo que debemos buscar es un terreno común. En opinión de esta servidora, el gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar el bienestar ciudadano, sin embargo, también es necesario comprender que, si bien defender a los animales es un acto de humanidad, impedir que las autoridades actúen ante un riesgo real puede convertirse en un acto de ceguera voluntaria.

La convivencia entre humanos y animales no tiene por qué ser una guerra, aunque sí exige un pacto de sensatez. La compasión no debe convertirse en obstáculo para la prevención, porque cuando un activismo se vuelve más necio que razonable, deja de salvar vidas y empieza a ponerlas en riesgo.