En Tlaxcala, la percepción de inseguridad ha dejado de ser un tema de encuesta para convertirse en una realidad que lastima a la ciudadanía todos los días. Lo más grave es que ahora la desconfianza no solo está en las calles, sino en las instituciones que deberían garantizar la seguridad y la justicia. Las denuncias de un PPL —como se les denomina a las personas privadas de su libertad— sobre presuntos actos de corrupción en las cárceles de Tlaxcala han marcado de forma negativa la agenda pública y han profundizado la sensación de que el Estado no está cumpliendo con su deber.

La destitución provisional del director del Cereso de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, no es un simple cambio administrativo: es la punta de un iceberg que exhibe el grado de descomposición del sistema penitenciario en nuestro estado. Que un interno denuncie públicamente extorsiones, amenazas y que incluso los reos eran sacados del penal para delinquir afuera —concretamente robos a gasolineras— es una señal alarmante que no puede quedarse en el expediente de un solo funcionario.

La pregunta obligada es si estos hechos pudieron suceder sin el conocimiento del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo. Difícilmente. La dependencia a su cargo tiene la supervisión directa de los centros penitenciarios. Por ello, debe investigarse a fondo su papel y valorarse si su permanencia en el cargo es compatible con la exigencia de transparencia y credibilidad que hoy demanda la ciudadanía.

Lo ocurrido confirma lo que desde hace años se advertía: los Ceresos de Tlaxcala dejaron de ser centros de “reinserción social” para convertirse en focos de corrupción e inseguridad. ¿Cómo pedirle a la sociedad que confíe en un sistema penitenciario donde las cárceles parecen ser semilleros del delito? La confianza se perdió y recuperarla será un reto monumental.

Restaurar la credibilidad en el sistema penitenciario no pasa solo por cesar a un director o a un secretario, sino por emprender una reestructuración integral. Se requiere auditar procesos, profesionalizar al personal, garantizar derechos humanos, romper con el autogobierno y colocar controles externos que vigilen el actuar de las autoridades. Mientras no se limpie de raíz la corrupción, las cárceles seguirán siendo parte del problema, no de la solución.

Desde Acción Nacional exigimos que la investigación sea profunda e imparcial.

Tlaxcala merece instituciones que funcionen para proteger a la ciudadanía, no para vulnerarla desde adentro. 

Por Ángelo Gutiérrez Hernández

Presidente del PAN Tlaxcala.