La diputada del PAN, Miriam Martínez Sánchez afirmó que su voto en contra de la minuta sobre la Prisión Preventiva Oficiosa, fue ante la falta de elementos que garantice la aplicación de la justicia en México, pues dicha reforma constitucional violenta los derechos humanos e incrementará la corrupción “teniendo en prisión a miles de inocentes”.

Aseguró que la prisión preventiva va en contra de los derechos humanos y de la presunción de inocencia.

 Además de que en muchos casos se convierte en una pena anticipada que puede durar, incluso, más que la pena que le corresponde al propio delito que se imputa a una persona.


“Insistimos que México requiere una estrategia de seguridad pública que priorice la investigación para la prevención del delito. Está claro que existe una saturación del sistema penitenciario desviando recursos humanos y materiales de la investigación de delitos de alto impacto. Por lo tanto, la prisión preventiva afectará desproporcionadamente a personas en situación de vulnerabilidad económica, pues contribuye a que autoridades policiales y ministeriales no lleven a cabo sus obligaciones. Se mantiene y alienta a continuar con las mismas deficiencias y vicios de corrupción”.


La diputada de Acción Nacional argumentó que según datos del INEGI,  4 de cada 10 personas en prisión, están privadas de su libertad sin sentencia, lo que demuestra que la prisión preventiva oficiosa es perniciosa y contraria a derechos humanos.


“Continuar ampliando el catálogo de delitos en los que procederá la prisión preventiva oficiosa, abre la puerta a que las personas sean privadas de la libertad sin contar con una sentencia que así lo determine. Es decir, se sigue fomentando que cada vez allá más personas en prisión sin sentencia, lo cual ha sido fuertemente criticado por la 4T y hoy pretenden modificarlo, pues han señalado que la falta de sentencias para aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva es producto de la corrupción, en la que no se respeta el principio de que -la justicia debe ser pronta y expedita-, sin embargo, este tipo de propuestas fomentan continuar con su aplicación”.


Finalmente, exhortó a los legisladores locales promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas,” no podemos permitir la aprobación de este tipo de reformas que vulneran los derechos humanos como son la libertad y la defensa de las personas, ni restringir la función de interpretación de nuestro poder judicial”.