Como ha sucedido en otras ocasiones, la que termina ha sido una semana altamente productiva en el Senado de la República. En primer lugar, por el Pleno sacó adelante el nombramiento de una mujer talentosa y comprometida con la procuración de justicia, como es el caso de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República.  Y, en segundo lugar, porque fue aprobada una nueva Ley General de Aguas, ordenamiento que recoge consideraciones sociales, ambientales y de equidad que justifican plenamente su aprobación.

Su aprobación ha sido criticada por la oposición, sin embargo, existen razones que vale la pena esgrimir para explicar por qué era necesaria su aprobación. En este espacio mencionaré algunas.

La nueva ley reafirma que el agua debe garantizarse para consumo humano y doméstico como prioridad. Es decir, busca asegurar que todas las personas y poblaciones vulnerables o marginadas tengan acceso al agua, con lo cual prevalece el agua como un derecho humano y bien público, no como mercancía.

Asimismo, la ley devuelve el control del agua a la nación, a cargo de las autoridades, en lugar de dejarlo en manos de privados con concesiones acumuladas, lo que ayuda a reducir abusos, acaparamiento o, incluso, un mercado negro para lucrar con este valioso recurso. Para decirlo más claro, habrá transparencia y control estatal del recurso.

De igual forma, el ordenamiento ofrece equidad en la distribución, situación que evita privilegios de unos cuantos. ¿Cómo lograrlo? A través de la regulación de concesiones bajo criterios públicos, lo que garantizará que el agua se reparta de forma más justa para impedir que se favorezca a quienes ya tienen muchos derechos concesionados. Con ello se beneficia especialmente a comunidades, pueblos indígenas y zonas rurales que históricamente han carecido de acceso confiable al agua.

Otro punto importante es que la ley fomenta la protección ambiental y la sustentabilidad al endurecer sanciones por delitos hídricos, al promover el uso del agua más responsablemente y al prevenir la sobreexplotación de mantos acuíferos. Lo anterior garantiza un manejo sostenible de los recursos hídricos, con criterios de calidad, disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad del agua.

De la misma forma, la ley aprobada ofrece certeza jurídica y regulación clara, pues en ella se redefine cómo se otorgan los permisos y las concesiones, estructurando un sistema verdaderamente transparente para evitar irregularidades, corrupción o privatizaciones de facto. Es decir, se da una mayor seguridad a comunidades y municipios para acceder o mantener el suministro de agua.

Igualmente, la ley prioriza necesidades humanas sobre intereses privados, derivado a que las y los legisladores que aprobamos la ley buscamos siempre proteger a las personas y no a los grandes acaparadores de agua. Dimos prioridad al consumo doméstico, a la salud, a la higiene, al saneamiento y al abastecimiento de agua potable.

La ley que antes regía en México dio paso al otorgamiento de muchas concesiones, convirtiendo al agua en un recurso prácticamente mercantilizado, situación que favorecía a uno pocos. Lo anterior ocasionó que en muchas regiones de nuestro país la distribución del agua fuera desigual: mientras algunos grandes concesionarios tenían derechos, comunidades rurales y zonas marginadas carecían de agua confiable.

Sabemos que hay retos ambientales, tales como el cambio climático, las sequías y la sobreexplotación, por eso mismo se observó en la ley una regulación más estricta y soberana del agua, volviendo indispensable garantizarla para su disponibilidad futura.

Los magnos acaparadores de agua, muchos de ellos grandes productores, vieron trastocados sus intereses y la oposición ha hecho eco de sus discursos. No hay, sin embargo, razones ni argumentos de peso que puedan convencer que la aprobación que hicimos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República no era necesaria. Claro que lo era, sobre todo observando que el agua es esencial para la vida. En la Cuarta Transformación estamos convencidos de ello.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala