Durante la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que la seguridad pública debe consolidarse como una función integral del Estado, orientada no solo al combate del delito, sino también a la protección de los derechos fundamentales de las personas imputadas, víctimas, ofendidos y testigos. En ese sentido, explicó que la propuesta armoniza la legislación estatal con la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Entre los principales cambios planteados destaca la obligación expresa de que los elementos de la Policía de Investigación e Inteligencia informen a las personas detenidas sobre los derechos que les asisten al momento de una detención, fortaleciendo así el principio de presunción de inocencia y la legalidad de las actuaciones policiales.

La Iniciativa también propone reforzar las labores de investigación mediante la realización inmediata de entrevistas a personas que pudieran aportar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos delictivos, con la finalidad de evitar la pérdida de testimonios, indicios o información sustancial para las indagatorias.

En materia de atención a víctimas, la propuesta incorpora nuevas obligaciones para implementar programas de atención integral que contemplen asistencia jurídica, médica y psicológica especializada; medidas de protección; capacitación permanente del personal; así como la difusión y aplicación de protocolos de actuación, especialmente en casos de violencia de género.

Asimismo, se plantea que la Policía de Investigación e Inteligencia brinde protección y auxilio inmediato a víctimas, ofendidos y testigos, adopte medidas para salvaguardar su integridad física y psicológica, e informe oportunamente sobre los derechos que les reconoce la ley.

La diputada Sandra Aguilar Vega subrayó que la reforma busca consolidar un modelo de seguridad pública más humano, eficiente y cercano a la ciudadanía, privilegiando el respeto irrestricto a los derechos humanos y fortaleciendo la confianza de la población en las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia.

Tras su presentación ante el Pleno, la Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción social, así como a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.