La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala y la Ley de Educación estatal, con el propósito de fortalecer el derecho al cuidado y consolidar la educación inicial como una etapa fundamental para el desarrollo integral de la primera infancia.

Durante la exposición de motivos, Martínez Sánchez señaló que el artículo 19 Bis de la Constitución local ya reconoce una protección reforzada en favor de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, consideró necesario traducir ese mandato constitucional en normas secundarias más claras y operativas que permitan garantizar condiciones adecuadas de salud, nutrición, educación, protección y cuidado desde los primeros años de vida.

La Iniciativa incorpora la perspectiva del derecho al cuidado, entendido como el derecho a cuidar, ser cuidado y desarrollar el autocuidado, concepto que recientemente ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una categoría jurídica autónoma vinculada con la dignidad humana y el bienestar integral de las personas.

Entre las modificaciones propuestas, destaca la adición de nuevas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Tlaxcala, para establecer que las autoridades estatales y municipales deberán garantizar que la educación inicial se imparta en condiciones de dignidad, calidad y desarrollo integral, incorporando la perspectiva del derecho al cuidado conforme a la edad, madurez y necesidades de niñas y niños. Asimismo, se plantea que la Secretaría de Educación Pública impulse la ampliación progresiva de la cobertura de educación inicial mediante modalidades escolarizadas y no escolarizadas.

De igual forma, la propuesta reforma la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala para precisar que la educación inicial es un derecho de la niñez y que corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para su prestación bajo estándares de calidad y protección reforzada. Además, se contempla fortalecer programas, campañas y acciones de orientación dirigidas a madres, padres, tutores y personas cuidadoras, así como promover opciones educativas en los ámbitos familiar y comunitario.

En su argumentación, la diputada citó datos de organismos nacionales e internacionales que advierten sobre los rezagos existentes en materia de educación inicial y servicios de cuidado infantil en México, señaló que millones de niñas y niños aún carecen de acceso a estos servicios, situación que impacta directamente en su desarrollo cognitivo, emocional y social.

La Iniciativa fue turnada a la Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.