Pensar, decir y hacer: responsabilidad de la 4T

Vicente Morales Pérez

El mundo atraviesa una etapa de alta incertidumbre. Los acontecimientos recientes en el escenario internacional han puesto nuevamente sobre la mesa un debate fundamental: ¿debe prevalecer la fuerza o el derecho?, ¿la imposición o el diálogo?, ¿la intervención o la soberanía? Frente a estos dilemas, México ha optado por una postura clara, responsable y congruente con su historia diplomática.

El caso entre Venezuela y Estados Unidos es ilustrativo de los riesgos que enfrenta el orden internacional cuando se debilitan los principios que durante décadas han permitido la convivencia entre naciones. Más allá de cualquier valoración política sobre los gobiernos involucrados, los hechos ocurridos han generado preocupación global porque colocan en entredicho pilares esenciales del derecho internacional, como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

Cuando una nación actúa de manera unilateral sobre otra, se abre un precedente delicado. No solo se afecta la soberanía de un Estado, sino que se envía un mensaje peligroso al mundo: que el poder puede colocarse por encima de la ley. En estos escenarios, quienes terminan pagando el precio más alto no son los gobiernos, sino los pueblos, las familias y las comunidades que sufren las consecuencias económicas, sociales y humanitarias de la confrontación.

Ante este panorama, resulta indispensable reconocer la postura firme y serena de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sido clara al señalar que México no respalda acciones de intervención extranjera ni medidas que vulneren la soberanía de otras naciones. Su mensaje ha sido consistente: los conflictos internacionales deben resolverse por la vía del diálogo, la diplomacia y los mecanismos multilaterales, nunca mediante la imposición o la fuerza.

Esta posición no es neutralidad pasiva ni indiferencia frente a lo que ocurre en el mundo. Es, por el contrario, una postura activa en defensa de la legalidad internacional y de una visión humanista de la política exterior. México no puede avalar sanciones, bloqueos o acciones militares que, bajo distintos argumentos, terminan castigando a los pueblos y profundizando las crisis.

La política exterior mexicana ha sido, históricamente, una política de principios. Gracias a esa congruencia, nuestro país ha logrado mantener respeto y credibilidad internacional. Renunciar a esos valores sería no solo un error estratégico, sino una traición a nuestra propia historia. Por ello, respaldar la postura de la presidenta Sheinbaum es respaldar una política exterior responsable, prudente y con visión de largo plazo.

En este contexto global complejo, también es momento de fortalecer la unidad nacional. México debe presentarse ante el mundo como un país cohesionado, con instituciones sólidas y con claridad de rumbo. Las diferencias internas son parte de la vida democrática, pero no pueden convertirse en debilidad frente a presiones externas. La unidad en lo esencial —la defensa de la soberanía, la paz y el derecho internacional— es hoy más necesaria que nunca.

México no debe ser juez ni ejecutor de conflictos ajenos, pero tampoco un espectador indiferente. Nuestra voz debe ser una voz de equilibrio, de razón y de respeto. Esa es la ruta que ha marcado la presidenta Sheinbaum y es una ruta que merece el acompañamiento responsable de todas y todos.

En tiempos de tensión global, la verdadera fortaleza de una nación se mide por su capacidad de actuar con legalidad, dignidad y humanidad. México ha decidido mantenerse fiel a esos valores, convencido de que solo así puede contribuir a un mundo más justo y a un futuro más estable para su propio pueblo.

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