Crece la indignación en la comunidad educativa de la Escuela Primaria “Francisco Javier Mina”, luego de que se denunciara públicamente la actuación de la supervisora escolar Agustina Dejesús Cruz Gutiérrez, adscrita a la Zona Escolar 42, por presuntamente revictimizar, humillar y amedrentar a una docente que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) contra la directora del plantel, Digna Zepeda Morales.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, tras informar a la supervisora sobre la queja interpuesta, ésta reaccionó de manera hostil, recriminándole su actuar y señalando que “en el sistema hay niveles” que debían respetarse, reprochándole haberse “saltado” la cadena jerárquica. Lejos de brindar acompañamiento institucional, la supervisora la regañó, cuestionó y humilló, incurriendo en una conducta que constituye revictimización.

Existen audios que evidencian la actitud de quien, por su cargo, debería contar con amplia formación en derechos humanos y resolución pacífica de conflictos, lo que ha generado profunda preocupación entre el personal docente, al considerar que se normaliza el abuso de poder dentro del sistema educativo.

Este hecho no es aislado. De acuerdo con información recabada, la supervisora Agustina Dejesús Cruz Gutiérrez ha protegido durante años a la directora Digna Zepeda Morales, pese a existir al menos ocho quejas formales en su contra por diversas irregularidades y presuntos actos de abuso de autoridad.

Uno de los casos más recientes y alarmantes involucra a un niño con discapacidad, a quien presuntamente se le impusieron trabas para ejercer su derecho a la educación, obligando a sus familiares a recurrir a instancias externas para presentar una queja formal. Esta situación ha generado indignación, al tratarse de un sector vulnerable que debería contar con protección prioritaria.

Docentes y padres de familia señalan que tanto la directora como la supervisora han gozado durante años de impunidad, ejerciendo prácticas autoritarias, arbitrarias y contrarias a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Ante este panorama, exigen la intervención inmediata de la Secretaría de Educación Pública del Estado, así como de los organismos de derechos humanos, para investigar a fondo estos hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que no haya represalias contra quienes se atreven a denunciar.

“La educación no puede construirse desde el miedo ni el abuso de poder. Necesitamos autoridades que protejan, no que encubran”, señalaron docentes afectados.

Este caso pone nuevamente en el centro del debate la urgente necesidad de erradicar la violencia institucional en el sector educativo y garantizar entornos seguros, justos y respetuosos para estudiantes y trabajadores de la educación.

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