No se puede más que reconocer la celeridad con que la administración de Miguel Barbosa Huerta asumió el linchamiento de Daniel Picazo en Papatlazolco, Huauchinango, al capturar a 7 de los presuntos implicados: https://desdepuebla.com/2022/06/18/obtiene-fiscalia-puebla-vinculacion-a-proceso-de-dos-detenidos-mas-de-huauchinango/ 

Más allá de las fallas legales y humanas denunciadas por los deudos de la víctima contra el personal de Casa de Justicia Huauchinango, lo cierto es que el gobierno del estado mostró eficacia y sensibilidad ante el asesinato y, en lugar de minimizarlo, llamarlo “hecho aislado” o tratar de “bajarle al tema”, desde el primer momento se asumió como prioridad y se actuó en concordancia: https://desdepuebla.com/2022/06/15/caen-los-primeros-5-supuestos-culpables-del-linchamiento-en-huauchinango/. 

Pero no basta, la Fiscalía General del Estado(FGE) y el mismo Congreso local deberían ir a fondo en las evidentes responsabilidades en que incurrieron tanto el inútil presidente municipal, Rogelio López Angulo, como su director de Seguridad Pública, Javier Gómez, quienes –obviamente – fueron incapaces de impedir el linchamiento. 

Daniel Picazo y los demás visitantes, así como los vecinos de Huauchinango y del mismo Papatlazolco, se supone que tienen que ser protegidos por el ayuntamiento, porque el artículo 104, inciso g, de la Constitución Política de Puebla otorga a los gobiernos municipales la obligación de dar seguridad pública. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y POLICÍAS, DE ADORNO 

También la Ley Orgánica Municipal, artículo 78, establece como facultad de los ayuntamientos:  - Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales, además de Expedir Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia. 

El barbárico asesinato de Daniel Picazo demostró que el presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo y su titular de Seguridad Pública, Javier Gómez, son poco menos que un adorno, ornamentos que, en una crisis como la de Papatlzolco, de nada sirvieron a la gente: https://desdepuebla.com/2022/06/11/desde-huauchinango-reportan-linchamiento-de-un-hombre-en-papatlazolco/. 

Así que no basta con enjuiciar y, en su caso, condenar a los presuntos perpetradores materiales del linchamiento, sino que el Congreso, la secretaría de Gobernación, FGE y demás instancias estatales deberían analizar cómo funciona –si es que lo hace – el ayuntamiento de esa ciudad, porque el crimen contra el joven abogado exhibió las graves fallas e insuficiencias que arrastra en el área de seguridad pública y que el alcalde y sus colaboradores no pueden ¿o quieren? resolver. 

Además, el titular de Seguridad Pública arrastra denuncias por acoso, que en su momento el mismo López Angulo minimizó u ocultó y que ahora nuevamente retoman importancia, luego de que Nadia, una agente de la dependencia, lo acusara formalmente, sin que el gobierno de Huauchinango le investigara: https://desdepuebla.com/2022/05/19/video-desde-3-denuncian-por-acoso-al-director-de-seguridad-de-huauchinango/. 

Incluso, parece que Javier Gómez ni siquiera tiene aprobados los exámenes de confianza que, en teoría, serían obligatorios para que alguien se desempeñe como policía. Por lo mismo, resulta inexplicable e injustificable que López Angulo lo sostenga en el cargo, a menos que entre ellos haya algún tipo de acuerdo o arreglo que vaya más allá de lo laboral y del rubro de seguridad pública.