Al partido en el poder se le está haciendo bolas el engrudo.

Supongamos que es verdad que está cerrada la contienda interna por la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación en Tlaxcala.

Entonces, ¿por qué el partido guinda no aplica los criterios de desempate?

Toda encuesta no solo refleja la intención de voto, también los negativos de los personajes que son medidos.

Además, la dirigente nacional, Ariadna Montiel, dijo que no basta con ganar la encuesta, sino contar con una trayectoria impecable y cercanía con la gente.

No tener vínculos criminales y no incurrir en el uso de recursos públicos, ni programas sociales, entre otros lineamientos establecidos en la convocatoria.

Tan fácil como eso para resolver el embrollo.

Porque al prolongar la definición del candidato a la gubernatura solo está tensando más los ánimos entre los partidarios de Ana Lilia Rivera y Alfonso Sánchez.

Mejor que Morena diga la verdad, en el sentido de que está ganando tiempo para una salida negociada y evitar la ruptura interna.

Queda claro que uno de los dos bandos se niega a dar su brazo a torcer, pues la decisión ya está tomada en la comisión nacional de elecciones de Morena.

No es un caso privativo de Tlaxcala. En la misma situación se encuentra la elección del coordinador en Chihuahua.

Curiosamente, son dos entidades en las que tiene metidas las manos el senador Adán Augusto López.

El protector de la Barredora está pujando fuerte por imponer a Andrea Chávez en el estado fronterizo del norte del país.

Al mismo tiempo, mueve sus fichas para que el grupo Tabasco también se quede con Tlaxcala, en la elección de Morena.

La gobernadora Lorena Cuéllar es una aliada del senador tabasqueño. No en balde tiene a uno de los suyos, Ricardo Peralta, como representante de la Casa Tlaxcala.

Lo que indica que mientras los partidarios de los punteros están al borde de la guerra civil, el duelo de vencidas se da en la Ciudad de México.

Morena no parece advertir que los ánimos están a punto de desbordarse de manera inevitable.

Por lo que tomar decisiones con base a pactos políticos, sin transparentar el proceso interno, tendrá consecuencias políticas en 2027.