El cumplimiento de la promesa de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia, de disminuir sueldos y ser austeros, vive realidades distintas a nivel federal y en las entidades federativas. 

Para 2019, el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Auditoría Superior de la Federación, se bajó 17 por ciento con respecto al presupuesto del año pasado. 

Su Programa de Austeridad Republicana contempló eliminar el servicio de vehículos a legisladores y altos servidores públicos, así como los apoyos para gasolina, servicio de telefonía celular y reducción del 50 por ciento de cajones de estacionamientos rentados; y reducir el número de plazas de estructura de apoyo a los grupos parlamentarios, el número de comisiones legislativas y los viajes internacionales.

Sin embargo, hubo Congresos locales que, contrario a las políticas de austeridad, dispararon su presupuesto para 2019.

De acuerdo al diario Reforma, en Hidalgo, los diputados aumentaron su presupuesto 62 por ciento al pasar de 132 millones a 214 millones de pesos; en Tlaxcala, el aumento fue de 31 por ciento, pues creció de 178 millones a 235 millones de pesos; y en Morelos, el repunte fue de 25 por ciento, quedando en 500 millones de pesos, pese a que el número de diputados disminuyó de 39 a 20 a partir de la actual legislatura.

En estos dos últimos casos, así como en el de Sinaloa, el presupuesto aprobado por los diputados fue vetado por sus respectivos Gobernadores, por lo que aún podría ajustarse.

 

FALTA MÁS VOLUNTAD POLÍTICA.

En Tlaxcala, 11 diputados de la llamada Cuarta Transformación firmaron el “Acuerdo de Voluntad Política en Apoyo a la Austeridad Republicana” en el que renunciaron a privilegios extraordinarios independientes a sus dietas, como el comedor para los diputados, los vehículos utilitarios, los equipos celulares y tiempo aire, gasolina para sus vehículos, apoyos de gestión, caja de ahorro, recursos para compra de vehículos y pago de seguros.

De hecho, se supo que, en septiembre, durante la visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le entregaron el documento como muestra de congruencia con los ideales del primer mandatario. Sin embargo, en los hechos solo sirvió para simular, porque siguen gozando de los mismos beneficios, bajo el argumento de que un presupuesto no puede privilegiar a unos y a otros no, es decir, que como no todos los diputados signaron el acuerdo, no lo puede aplicar. 

De manera tácita, los diputados de Morena, PT y PES, que son mayoría en el Congreso, han determinado que sus ingresos quedarán intocados, pese a que prometieron reducirlos, por estimar que no son exagerados. De hecho, decidieron aumentar sus compensaciones, pues pasaron de 60 mil a 75 mil mensuales, según información publicada en medios locales. 

 

EL JALÓN DE OREJAS.

A nivel federal no ha pasado inadvertida la resistencia a la austeridad de los diputados locales de Morena, porque la ciudadanía empieza a percibir un doble discurso: el del Presidente que hace recortes millonarios para generar ahorros, y el de los representantes populares en los estados, que mantienen el dispendio. 

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, criticó que sean los propios legisladores estatales de su partido quienes se resistan a la aplicación de medidas de austeridad, en claro desafío a la línea dictada por López Obrador.

Incluso, Martí Batres, Presidente del Senado, fue más lejos al exigir a los Congresos locales recortar su presupuesto y ajustarse a la política de Estado en materia de austeridad que inició el 1 de diciembre, porque los incrementos reportados en varios legislativos controlados por Morena son inaceptables.

Algo pasa en Morena. ¿Se habrán olvidado las promesas de campaña?, ¿hay rebeldía en los estados?, ¿se perdió el control de los cuadros?, ¿o ya no vale la palabra del Presidente?

 

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