Se llevó a cabo el Carnaval Tlaxcala 2020 con novedades importantes.

En esta ocasión, se acotó el horario, y se puso orden al desarrollo del desfile. 

Sin duda, se recuperó la esencia del mismo.

Los visitantes pudieron notar una mejor organización, y los capitalinos lo agradecieron, porque el flujo vehicular se normalizó más pronto, y hubo menos ruido.  

Era importante que se hiciera de buena vez una distinción entre lo que es la actividad propia del desfile, la exhibición de camadas y el concurso de las mismas.

 

DESESPERADOS.

Los lideres transportistas cayeron en la desesperación, y por lo visto quieren darse un balazo en el pie.

Resulta que, para meter presión a las autoridades a fin de evitar la entrada en vigor de la reforma a la ley de comunicaciones y transportes, amenazan con quema unidades, hacer marchas y hasta retirar los descuentos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

De emprender estas acciones, el autodenominado Frente de Concesionarios y Conductores Públicos del Estado se terminará de echar encima a los usuarios, quienes son a quienes, por principio de cuentas, deberían ganarse.

Estos viejos liderazgos se quedaron en el lado equivocado de la historia. 

 

 

LAMENTABLE.

Los superdelegados, es decir, los representantes del gobierno federal que, en cada estado, operan programas federales, reclamaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “derechos propagandísticos”, de cara a los próximos comicios locales y los intermedios de 2021.

En la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral se registraron 39 recursos de impugnación, entre ellos, el de la tlaxcalteca Lorena Cuéllar, en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los coordinadores estatales de programas de desarrollo y funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en violaciones en materia de propaganda gubernamental.

Como se sabe, los servidores públicos de la 4T han incurrido en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.

Ahora, cínicamente, dicen que no violan la ley, aunque sistemáticamente lo hacen.