El Gobierno del Estado está cerrando espacios a la inseguridad en Tlaxcala. Hay que reconocerlo.
Y lo importante es que hay claridad en el sentido de hacer de esta responsabilidad una tarea coordinada.
Lo vemos en la reciente reunión entre el Gobernador Marco Mena y el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Leonel Cota Montaño, y un poco antes con el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
Con el Secretario Ejecutivo del SNSP, el Ejecutivo estatal planteó establecer proyectos conjuntos con el gobierno federal para fortalecer las estrategias en materia de seguridad pública, y analizar los programas que actualmente operan ambos órdenes de gobierno, para identificar áreas de oportunidad que mejoren el equipamiento de las corporaciones de seguridad pública y la infraestructura destinada a la protección de los ciudadanos.
Y con el mandatario poblano, se estableció como prioridad la creación del Consejo de Coordinación Interestatal de Seguridad Pública, la coordinación operativa del C-4 Tlaxcala y C-5 Puebla, y el intercambio de diagnósticos de índices delictivos de los municipios de la zona limítrofe, y el intercambio de información de Inteligencia.
No es secreto que, hoy por hoy, la seguridad pública es uno de los temas que la ciudadanía considera como de principal atención.
En consecuencia, es importante que el gobierno tome cartas en el asunto, y eche mano de los recursos a su alcance para hacer mejoras en este rubro.
El mes pasado, el Ejecutivo estatal anunció un incremento salarial con retroactivo al mes de enero del 5 por ciento en beneficio de elementos de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como estímulos económicos a ministerios públicos y agentes de la Policía Ministerial.
En paralelo, distribuyó mil cámaras en los 60 municipios para fortalecer la seguridad de los mismos.
Estos esfuerzos, sin duda, tienen un impacto favorable que debe completarse con la participación y colaboración de los tres niveles de gobierno.  
Según el SESNSP, la entidad se mantuvo, al cierre del mes de agosto, en el segundo lugar de las entidades de la República con menor incidencia delictiva tanto en cifras absolutas como en la tasa por cada 100 mil habitantes.
Además, se posicionó en el primer lugar nacional en la variación de incidencia delictiva, con una reducción del 37.7 por ciento, en comparación con el mes agosto de 2018.
Con seguridad esta tendencia puede prevalecer si las autoridades hacen equipo en pos de objetivos comunes, alejados de protagonismo y politiquería, porque los ciudadanos solo piden dos cosas: más resultados, y mejores resultados.