Durante la más reciente sesión del Congreso del Estado, el diputado Vicente Morales Pérez participó en el debate sobre la adquisición de vehículos blindados por parte del Ejecutivo estatal, destacando la importancia de las decisiones gubernamentales basadas en la previsión, la institucionalidad y la legalidad.

En su intervención, el legislador enfatizó que esta adquisición no responde a circunstancias coyunturales, sino a la necesidad de fortalecer la infraestructura del Estado para garantizar la seguridad de sus instituciones y representantes, tanto en la administración actual como en futuras gestiones.

"Es fundamental comprender que estas adquisiciones no son de carácter personal ni responden a intereses individuales. Son inversiones que garantizan condiciones de trabajo adecuadas para el desempeño de las responsabilidades del Ejecutivo y de quienes visitan nuestra entidad en el ejercicio de funciones oficiales," explicó Morales Pérez.

Además, resaltó que el marco jurídico vigente, específicamente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, contempla excepciones para procedimientos de adjudicación directa en casos en los que se requiere una respuesta eficiente e inmediata para proteger intereses estratégicos del Estado.

Morales Pérez subrayó que la seguridad de los funcionarios públicos no debe interpretarse como un privilegio, sino como una condición necesaria para la estabilidad y continuidad del ejercicio gubernamental.

Añadió que estos vehículos podrán ser utilizados en el futuro por nuevas administraciones, en visitas oficiales de representantes estatales y federales, y en actividades institucionales que requieran condiciones especiales de movilidad.

"El deber del Estado es garantizar condiciones óptimas para el desempeño de sus instituciones. Esta adquisición forma parte de una visión de gobierno responsable y previsor, asegurando que Tlaxcala cuente con los recursos necesarios para su desarrollo y estabilidad," concluyó el diputado.

Con este posicionamiento, Morales Pérez reafirmó su compromiso con el fortalecimiento institucional y el ejercicio transparente de los recursos públicos, destacando que las decisiones en materia de seguridad y equipamiento gubernamental deben analizarse con una visión estratégica y de largo plazo.