En sesión ordinaria, diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobaron por unanimidad la iniciativa presentada por la diputada Gabriela Hernández Islas, que reforma el Código Penal local para tipificar de manera específica el delito de robo de maguey y otros productos agrícolas. Con esta modificación, se busca fortalecer la protección legal de los productores ante esta práctica ilícita, armonizando la legislación estatal con el marco constitucional vigente.

El dictamen aprobado establece sanciones para quienes sustraigan ilegalmente plantas y sus derivados, independientemente de su estado de desarrollo, garantizando así la seguridad jurídica de los agricultores. Se reconoce que la remoción no autorizada de la cutícula del maguey (desmixiotado) afecta su crecimiento y productividad, ocasionando pérdidas económicas significativas y desincentivando su cultivo. La nueva disposición también considera las circunstancias en las que se comete el delito, como la nocturnidad y la falta de vigilancia en los campos agrícolas, factores que han dificultado la aplicación de la justicia en estos casos.

Asimismo, la reforma atiende una problemática jurídica derivada de la clasificación de los productos agrícolas como bienes inmuebles mientras permanecen adheridos al suelo, lo que ha generado vacíos legales en su protección. Se establece un criterio específico para su tipificación penal, similar a la del delito de abigeato, con el objetivo de cerrar espacios a la impunidad y garantizar la continuidad de la actividad agrícola en el estado. De esta manera, se fortalece el derecho de los productores a una protección efectiva de su patrimonio.

Ante agricultores del distrito local 02, que llegaron al Congreso del estado, la diputada Gabriela Hernández Islas aseguró que con la aprobación de esta reforma, el Congreso del Estado contribuye a la preservación del maguey y hortalizas, aportando a la sostenibilidad del sector agrícola en Tlaxcala.

El decreto aprobado será remitido al Ejecutivo estatal para su sanción y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

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