En toda democracia auténtica, la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de la vida pública. Sin ella no hay deliberación, no hay crítica al poder y no hay ciudadanía plenamente informada. Pero también es cierto que la democracia exige garantizar el derecho de las audiencias a recibir información veraz, plural y de calidad. Ambos derechos no compiten entre sí, por el contrario, se fortalecen mutuamente.

En los últimos días se ha abierto un debate legítimo sobre el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometido a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Diversas voces críticas han expresado inquietudes respecto de sus posibles alcances y de las interpretaciones que pudieran derivarse de ese instrumento. Tales planteamientos merecen ser escuchados con respeto, porque quienes ejercen el periodismo desempeñan una función indispensable para la democracia.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que estos lineamientos no buscan censurar a los medios de comunicación ni limitar el ejercicio periodístico. Ha explicado que el propósito de este proceso es fortalecer los derechos de las audiencias previstos en la legislación vigente y que, precisamente por ello, el proyecto permanece abierto a la consulta pública para recibir observaciones, propuestas y críticas que contribuyan a su perfeccionamiento.

He sido una defensora permanente de las libertades y de los derechos consagrados en nuestra Constitución. Por esa razón considero indispensable que cualquier regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se construya mediante un diálogo amplio, transparente y con la participación de periodistas, concesionarios, especialistas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Una norma que nace del consenso siempre será más sólida que aquella construida desde la imposición.

También debemos ser cuidadosos para que ninguna disposición pueda dar lugar a interpretaciones que vulneren la libertad de expresión o generen incertidumbre en el ejercicio periodístico. La crítica, la investigación y el debate son componentes esenciales de una sociedad democrática y deben preservarse sin ambigüedades. Al mismo tiempo, el Estado tiene la responsabilidad constitucional de proteger los derechos de las audiencias y de procurar que la información que reciben se apegue a principios de veracidad, pluralidad y respeto.

La mejor ruta no es la confrontación entre derechos, sino el equilibrio. Defender la libertad de expresión no significa renunciar a los derechos de las audiencias. Proteger a las audiencias tampoco debe convertirse en un mecanismo que inhiba el trabajo de los medios de comunicación. El desafío consiste en construir reglas claras que den certeza a todos y fortalezcan nuestra vida democrática.

México necesita más libertades, más pluralidad y más debate público, nunca menos. Por ello confío en que el proceso de consulta permitirá escuchar todas las voces y enriquecer un marco jurídico que responda a los desafíos actuales de la comunicación, sin afectar los derechos conquistados por la sociedad.

La democracia se fortalece cuando las diferencias se discuten con apertura, respeto y argumentos, no cuando se descalifican. Ése es el camino para construir acuerdos que fortalezcan nuestras instituciones y garanticen, al mismo tiempo, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.