Los aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala —especialmente aquellos que se asumen como punteros— han cometido un grave error: abusar de la publicación de encuestas.

Prácticamente cada semana se difunden nuevos resultados de mediciones sobre preferencias electorales. Lo preocupante es la alta diferencia entre ellas, lo que genera efectos negativos en el proceso democrático estatal, particularmente al interior de Morena, donde la candidatura a la máxima magistratura se ha convertido en la manzana de la discordia.

Quienes anhelan la nominación han adelantado los tiempos y, en su afán por imponerse en la arena de la percepción ciudadana, han propiciado confusión y desinformación. La saturación de encuestas —con resultados dispares y, en ocasiones, contradictorios— dificulta identificar la verdadera intención de voto y la posición real de los aspirantes.

Así, la guerra de encuestas se ha traducido en un ejercicio abierto de manipulación de la opinión pública. Diversos estudios —en su mayoría de dudosa reputación— se han convertido en herramientas de propaganda, y su financiamiento opaco sugiere el uso de recursos que altera el equilibrio que debería prevalecer en la competencia interna.

A estas alturas, la pérdida de credibilidad es evidente. La ciudadanía ha advertido la difusión excesiva de datos falsos o imprecisos, lo que ha detonado una creciente desconfianza. Sin embargo, al interior del partido el problema es aún mayor, ya que la unidad partidista se encuentra comprometida por la confrontación entre los aspirantes que se ostentan como primeros. En otras palabras, en las entrañas de Morena, el proyecto político se ve amenazado por la disputa entre los grupos que los respaldan, lo que abre escenarios indeseables de ruptura.

Por todo ello, y ante la falta de orden por parte de la dirigencia estatal —que se ha visto rebasada para hacer cumplir los llamados tanto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como del Comité Ejecutivo Nacional de Morena—, no sería extraño que las nuevas autoridades del partido opten por considerar otros mecanismos para definir al abanderado a la gubernatura, como el principio de género, o mejor aún: elegir un perfil con capacidad para conciliar intereses, porque si a estas alturas quienes encabezan las encuestas no logran contenerse, menos lo harán una vez que obtengan la candidatura.

Esa falta de respeto a las reglas del partido puede tener consecuencias serias, primordialmente porque no garantizaría la cohesión necesaria para ejercer el poder bajo sus principios. De este modo, la sobreexplotación de encuestas no solo desgasta a los aspirantes: puede terminar por fracturar al partido.