(Alexis P. González) Trabajadores del Sistema Municipal DIF de Tepetitla de Lardizábal provocaron un altercado la noche de este viernes 19 de junio, luego de ser descubiertos por vecinos consumiendo bebidas alcohólicas al interior de la "Casa de Día" o "Casa del Abuelo", un inmueble público ubicado en la comunidad de Villa Alta.

Los hechos se registraron en las instalaciones situadas sobre la calle Cerrada Benito Juárez, esquina con Marcos Mota. De acuerdo con testimonios de los habitantes, la actividad inusual fue detectada cuando uno de los funcionarios golpeó un vehículo estacionado en la periferia. Al ser confrontados por los colonos, los servidores públicos reaccionaron de forma agresiva y argumentaron de manera prepotente que contaban con la autorización del Ayuntamiento para utilizar el espacio con fines de esparcimiento.

La discusión escaló a una riña física y verbal al interior del inmueble. Ante el arribo y la presión de los ciudadanos inconformes, presuntamente la titular del DIF Municipal huyó del lugar con rumbo desconocido, dejando en el sitio a sus subordinados, quienes no pudieron retirarse ni cerrar las instalaciones debido a que no contaban con las llaves de los accesos.

A través de material videográfico capturado por los testigos, se logró identificar a los funcionarios que permanecieron retenidos en el altercado: el Lic. Marco Pérez Meza, director del Sistema Municipal DIF; el Lic. Iván Morales Rodríguez, psicólogo de la misma dependencia

,señalado por los vecinos de fingir agresiones físicas para victimizarse; Cris Eder Calderón Pulido, secretario particular de la presidenta del DIF; y un empleado de nombre Eduardo, encargado de conducir las unidades oficiales de la corporación.

Trascendió que el presidente municipal, Yoni Hernández Alvarado, no tenía conocimiento del uso indebido de las instalaciones públicas, toda vez que al momento del incidente se encontraba en una reunión de trabajo externa.

Hasta el momento, la administración local no ha emitido un pronunciamiento formal respecto a las sanciones administrativas que se aplicarán a los funcionarios involucrados por el uso de bienes del Estado para el consumo de alcohol y por los disturbios generados en la comunidad.

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