La aprobación de la nueva Ley General de Aguas marca, sin dudas, un momento decisivo para el futuro del país. En medio de una crisis hídrica que dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una realidad cotidiana —visible en presas semivacías, acuíferos sobreexplotados y conflictos sociales crecientes—, México decidió actualizar su marco legal para reconocer, sin ambigüedades, que el agua es un derecho humano y un bien público cuya gestión debe regirse por criterios de equidad, sostenibilidad y visión de largo plazo.

Durante décadas, el país operó con un modelo de administración del agua que permitió la concentración de concesiones, la sobreexplotación de fuentes subterráneas y una débil planeación frente al crecimiento poblacional y el cambio climático.

La nueva Ley de Aguas no surge de la improvisación ni del capricho político. Es el resultado de diagnósticos acumulados, advertencias científicas y una realidad que ya no admite postergaciones. Colocar el consumo humano como prioridad no es una postura ideológica, sino una decisión ética y racional, pues sin agua no hay vida, ni salud pública, ni desarrollo económico posible.

Desde esta perspectiva, la ley representa un avance institucional relevante, debido a que fortalece la rectoría del Estado en un recurso estratégico, establece reglas más claras y transparentes para el otorgamiento y revisión de concesiones, y busca ordenar el uso del agua bajo un principio básico: garantizar su disponibilidad hoy, pero también para las próximas generaciones. En un contexto de estrés hídrico creciente, esta visión no solo es deseable, sino indispensable.

Paradójicamente, quienes más deberían valorar esta lógica de sostenibilidad son los propios sectores productivos, incluido el campo. La agricultura, la industria y los servicios dependen directamente de un manejo responsable del agua. Sin una regulación eficaz y una planeación de largo plazo, no hay actividad económica que pueda sostenerse. Defender el uso irracional del recurso equivale, en los hechos, a hipotecar el futuro productivo del país.

Por ello resulta preocupante que, frente a la aprobación de la ley, algunos grupos hayan optado por anunciar cierres carreteros como mecanismo de presión. La inconformidad y la crítica son legítimas en cualquier democracia; el bloqueo de carreteras, no. Afectar a terceros, paralizar la movilidad, interrumpir cadenas de suministro y generar pérdidas económicas no construye soluciones ni fortalece ninguna causa. Por el contrario, erosiona la simpatía social, profundiza los conflictos y desvía la atención del debate de fondo.

En una democracia, la presión no puede sustituir al diálogo. La defensa de intereses sectoriales debe expresarse en los cauces institucionales, con argumentos técnicos, datos verificables y propuestas concretas. El gobierno federal ha mostrado disposición para escuchar inquietudes, aclarar alcances y, en su caso, ajustar los mecanismos de implementación de la norma. Ese es el espacio donde deben procesarse las diferencias: en mesas de trabajo, con corresponsabilidad y una visión de país que trascienda coyunturas.

Por eso es positivo y alentador que los integrantes del Movimiento Agrícola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano hayan anunciado que la jornada de protestas, que incluyó bloqueos carreteros y manifestaciones en varios estados, cumplió su objetivo al abrir un espacio de diálogo con las autoridades.

México enfrenta un desafío hídrico mayúsculo que no admite soluciones simplistas ni respuestas viscerales. Postergarlo o enfrentarlo desde la confrontación solo nos acerca a escenarios de mayor escasez, desigualdad y conflicto social. La nueva Ley de Aguas abre una oportunidad histórica para ordenar el uso del recurso más valioso que tenemos y para transitar hacia un modelo más justo y sostenible.

Aprovechar esta oportunidad exige altura de miras, voluntad de diálogo y la convicción de que el acuerdo siempre será un mejor camino que el bloqueo. El agua, al final, no distingue ideologías ni sectores: nos involucra a todos y nos obliga, como sociedad, a actuar con responsabilidad.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala