(Eduardo Martínez) Alfredo García García, abogado postulante en Tlaxcala, alzó la voz ante la presunta vulneración de derechos humanos por parte de los Ministerios Públicos de la mesa de detenidos, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

El litigante denuncia que, de manera sistemática, se les impide realizar el nombramiento de defensores particulares, violando flagrantemente el derecho contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Federal.

De acuerdo con García García, es una praxis común que los Ministerios Públicos no se encuentren en sus oficinas bajo la excusa de estar en audiencias. A pesar de contar con auxiliares, estos no realizan ningún procedimiento administrativo, ignorando que dicha mesa debe laborar las 24 horas, los 365 días del año. Además, exigen arbitrariamente que sea un familiar quien designe al defensor, requisito que no establece la ley, mientras imponen defensores públicos que los detenidos ni siquiera conocen.

Esta denuncia cobra fuerza tras la filtración de una grabación telefónica donde el abogado exhibe la cerrazón de la dependencia. En el audio, se escucha al litigante solicitar el acceso para ver a su representado y dejar su cédula profesional, recibiendo como respuesta negativas constantes por parte de una empleada.

"El hecho de que no esté la titular no quiere decir que yo no pueda ver a mi representado, y más porque está puesto a disposición en esta Fiscalía", reclama el abogado en la llamada. Ante la insistencia, la funcionaria se limita a decir: "le vuelvo a repetir, no está la titular", bloqueando cualquier posibilidad de defensa técnica inmediata. La conversación termina cuando la servidora pública se niega a identificarse y solicita el apoyo de un oficial para evadir al litigante.

El abogado señaló que esta falta de representación provoca que los detenidos se nieguen a responder las evaluaciones de riesgos procesales por desconfianza. Como consecuencia, los Ministerios Públicos ratifican las retenciones y solicitan Prisión Preventiva Justificada por delitos que ni siquiera la ameritan.

Ante este escenario, ciudadanos y abogados exigieron públicamente que la Fiscalía de Tlaxcala cumpla con lo establecido en la ley y deje de obstaculizar el debido proceso, pues la justicia no debe detenerse por "ausencias" administrativas o caprichos de los auxiliares en turno.

(Imagen: Internet)

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