(Alexis P. González) A través de una denuncia ciudadana, un grupo de habitantes expresó su profunda indignación ante el bochornoso y violento espectáculo que protagonizaron diversas autoridades municipales el pasado domingo, quienes presuntamente bajo los efectos del alcohol, convirtieron un ambiente familiar y deportivo en una auténtica batalla campal que dejó cuantiosos daños materiales en el municipio de Hueyotlipan.

De acuerdo con los testimonios de asistentes a un encuentro de fútbol, el zafarrancho comenzó alrededor de las 14:00 horas debido a la prepotencia del presidente de la comunidad de Adolfo López Mateos, identificado como Heber Ortiz Saldaña, quien presuntamente se negó de manera tajante, agresiva y hasta amenazadora a mover su vehículo para permitir el libre tránsito de otra camioneta.

La denuncia pública señala directamente que en el altercado participaron y agredieron personas vinculadas a la administración de San Lucas Tecopilco, entre ellos el síndico municipal, ampliamente conocido por los presentes como "El Mustang", así como un sujeto apodado "El Chibello", a quien los vecinos identifican como un supuesto pariente de la actual presidenta municipal de dicha demarcación.

Testigos de los hechos aseguraron que los servidores públicos y sus acompañantes se encontraban en aparente estado de ebriedad, lo que desató una lluvia de piedras, golpes y agresiones físicas. Durante la confrontación, vehículos particulares de los asistentes resultaron con severos daños en sus carrocerías y cristales, provocando pánico, gritos y momentos de extrema tensión entre las familias y niños que únicamente habían acudido a presenciar el partido de fútbol.

Ante la falta de civilidad de quienes se supone deben poner el ejemplo, los denunciantes exigieron de manera enérgica un posicionamiento oficial por parte de los ayuntamientos involucrados. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se investigue el caso, se deslinden responsabilidades y se obligue a este presunto familiar y a los funcionarios a pagar por los destrozos ocasionados, reprochando que utilicen su estatus para actuar con total impunidad en la vía pública.