* En materia de fortalecimiento de derechos político-electorales

Durante el desarrollo de la trigésima quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos político-electorales de grupos históricamente vulnerados y garantizar una participación política libre de violencia y discriminación.

El Dictamen fue presentado ante el Pleno por las comisiones unidas de Asuntos Electorales y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, derivado del expediente parlamentario LXV 077/2026, correspondiente a la Iniciativa promovida por la diputada María Aurora Villeda Temoltzin.

En el análisis realizado por las comisiones dictaminadoras, se consideró que la reforma es congruente con los principios constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, universalidad y no discriminación, además de atender criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionados con la implementación de acciones afirmativas para garantizar la participación efectiva de grupos históricamente excluidos de la vida pública.

Las reformas aprobadas contemplan modificaciones a los artículos 6, 8 y 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, incorporando disposiciones orientadas a prevenir cualquier tipo de discriminación en el ejercicio de los derechos político-electorales.

Con esta aprobación, la ciudadanía tlaxcalteca contará con mayores garantías para ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad, particularmente las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por razones de género, discapacidad, edad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición social o cultural. Asimismo, se fortalece el marco jurídico para prevenir y sancionar conductas de violencia política y discriminación dentro de los procesos democráticos en la entidad.

Tras la aprobación del Decreto, se instruyó la elaboración del mismo y su remisión al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente.